Una cazadora roja sobresale entre los escombros del número 69 de la calle Nezalezhnoi Ukrainy, en Zaporiyia. De la tercera planta del edificio residencial, golpeado por un ataque ruso con misiles este jueves, solo parecen quedar cascotes, pero un hombre y su familia esperan desde la madrugada frente al piso que tantas veces han visitado. Detrás de esa chaqueta a la que no dejan de mirar, podrían estar su hija, su nuero y su nieta, un bebé de siete meses.

Un comando que asegura trabajar para el ejército ucraniano dice haber cruzado la frontera con Rusia y ha lanzado este jueves un ataque en la aldea rusa de Liubechane que ha dejado dos fallecidos. Ucrania, por su parte, ha negado su responsabilidad en los hechos.

"Se infiltraron en territorio cerca de la frontera y dispararon contra civiles", ha afirmado el presidente ruso, Vladímir Putin, que ha calificado el incidente de "ataque terrorista". "Vieron que el coche era civil, vieron los menores dentro, pero abrieron fuego", ha añadido.

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, así como altos mandos de la Policía Nacional y otras entidades estatales, han perpetrado violaciones graves y muy diversas de los derechos humanos de la población, que constituyen crímenes de lesa humanidad, según han concluido este jueves expertos en derechos humanos de la ONU.

El grupo de expertos fue creado para investigar y recabar pruebas de la situación en Nicaragua a partir de las protestas ciudadanas de 2018, y ha presentado este jueves a la prensa en Ginebra su primer informe.

“Entrar en negociaciones constructivas para permitir y apoyar la necesaria transición a un sistema alimentario más sostenible que beneficie a agricultores, ciudadanos y a la naturaleza a partes iguales en vez de continuar interponiéndose en el camino de la regulación de un uso sostenible de los pesticidas (SUR)”. Es la petición que hace la plataforma ‘Salvemos a las abejas y a los agricultores’ al presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo, Norbert Lins, ante el letargo en el que consideran que se encuentra sumida la iniciativa presentada por la Comisión Europea el pasado mes de junio.

Summer, una joven de 20 años de Michigan, sueña con ser maestra de escuela, pero sus condiciones materiales y el desbocado precio de las universidades estadounidenses le impiden perseguir su deseo. El grado que le gustaría cursar cuesta unos 40.000 dólares, pero en su trabajo cobra 16 la hora y paga de alquiler 1.500 al mes. Podría pedir un préstamo, pero ha decidido no hacerlo para no hipotecar su vida.

Ese es el caso de Nailah, quien a sus 35 años todavía debe 60.000 dólares, la mayor parte de lo que recibió para poder pagar su doble grado en Filosofía y Estudios Afroamericanos en la Universidad de Florida.

De poco han servido los llamamientos dentro del Parlamento Europeo a una mayor transparencia sobre las relaciones con terceros países, especialmente con Marruecos y Qatar, que son el epicentro de una trama corrupta que mantiene aún en prisión a la exvicepresidenta Eva Kaili y otros colaboradores, entre ellos el eurodiputado socialista Marc Tarabella. La Eurocámara mantiene en la opacidad las negociaciones sobre el acuerdo de pesca con el reino alauí. El asunto es, además, especialmente polémico porque se espera en los próximos meses un fallo de la Justicia europea por haber dejado fuera de la anterior negociación al Frente Polisario dado que los acuerdos afectan al Sáhara Occidental.

Maria Ressa (Manila, 1963) coge un bolígrafo en un hotel del centro de Madrid. Intenta aclarar sobre un folio cuántos casos legales tiene pendientes ahora, tras quedar absuelta en enero de unos cargos de evasión fiscal en Filipinas. Confiesa con humor que incluso a ella misma se pierde. La veterana periodista sonríe, comprueba los detalles y despeja las dudas: aún quedan tres casos, y podrían llevarla a la cárcel o al cierre del medio digital que fundó y encabeza, Rappler.

En octubre de 2021, Ressa recibió una llamada de Noruega.

En los bolsillos de sus pantalones, Oleg Martynenko guarda varios manojos de llaves. Tantas que necesita utilizar sus dos manos para mostrarlas. Cada una de ellas guarda una historia, y él se las sabe: son las llaves que sus vecinos le confiaron para vigilar sus viviendas y cuidar las mascotas ante su huida de la disputada ciudad de Bajmut (Donetsk). Mientras todos se iban, él se quedaba. Hasta este miércoles. 

Acaba de descender de una furgoneta blindada de la organización Ángeles Blancos, en la que ha logrado ser evacuado, bajo fuego ruso, de la ciudad donde las fuerzas ucranianas y rusas están librando feroces combates.

Más coordinación de los 17 en materia de tráfico para evitar la impunidad en las carreteras. Es lo que quiere la Comisión Europea para incrementar las sanciones que los conductores consiguen sortear ahora cuando comenten una infracción en un estado distinto al de su residencia. En 2019, un 40% de las multas de ese tipo quedaron sin abonar porque no se pudo localizar a los infractores o fue imposible procesar el pago. Y eso es lo que quiere impedir Bruselas, que ha lanzado un paquete de medidas para reforzar la seguridad vial para caminar hacia el complicado objetivo de que las muertes en carretera desaparezcan en 2050.