El Gobierno interino de Bolivia mantiene que no hubo muertes de civiles por disparos de fuerzas de seguridad y las atribuye a grupos subversivos, que en su opinión intentan dar una imagen de abusos por parte del Ejecutivo de Jeanine Áñez.
"Ninguna de las 29 personas que han fallecido en estos hechos han sido con proyectil oficial de las Fuerzas Armadas o de la Policía", defendió ante los medios en La Paz el ministro interino de Justicia, Álvaro Coimbra.
No obstante, la Defensoría del Pueblo de Bolivia asegura que las muertes violentas, muchas por disparos en operativos militares y policiales, alcanzan las 35 desde las fallidas elecciones del 20 de octubre.
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