El expresidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) Sebastián Albella se ha incorporado a Latham & Watkins como abogado 'of counsel' en Madrid con el objetivo de mejorar el 'expertise' de la firma en España, según ha informado el despacho.

Albella inició su carrera profesional como Abogado del Estado en el Ministerio de Economía y Hacienda, donde formó parte del equipo que redactó la ley del Mercado de Valores. Posteriormente, ocupó varios puestos en la CNMV y pasó dos décadas en el sector privado, en Ramón y Cajal Abogados y Linklaters.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha aprobado el Real Decreto que fomenta el uso de los biocarburantes, estableciendo una obligación de penetración de los biocombustibles del 9,5% en 2021 y el 10% en 2022 sobre el total de ventas de combustibles en el transporte.

En rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, destacó que estos objetivos en biocarburantes son "una pieza clave en la transición energética, ya que permiten aumentar la presencia de las renovables y reducir las emisiones en un sector como el transporte".

El Consejo de Ministros ha nombrado este martes a Belén Gualda como nueva presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La SEPI estaba descabezada desde el pasado 1 de octubre de 2019, cuando Vicente Fernández, su entonces presidente, presentó la dimisión tras conocer la reapertura de la causa sobre la adjudicación de la mina de Aznalcóllar por la que está investigado. Hasta este momento, la SEPI estaba presidida 'en funciones' por Bartolomé Lora, vicepresidente del órgano. 

Gualda (Granada, 1974) era en la actualidad la presidenta de Navantia, cargo que ocupaba desde septiembre de 2020.

Trabajo ha puesto sobre la mesa este martes los temas por los que comenzará la negociación para "modernizar" el mercado laboral. La ministra Yolanda Díaz se decanta por retomar dos aspectos que su equipo ya había empezado a debatir con los sindicatos y los empresarios antes de la irrupción de la pandemia: la recuperación de la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa, revirtiendo así un aspecto clave de la reforma laboral del PP, y la reforma de la subcontratación.

La Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA) ha impuesto una multa total de 3,7 millones de euros a cinco entidades de la agencia de calificación Moody's por conflicto de intereses al haber emitido notas para entidades en las que tenía participaciones. "Se concluyó que todas las infracciones se debieron a negligencia por parte de Moody's", señala ESMA en un comunicado.

La mayor sanción, de 2.735.000 euros, es para la filial de Moody's en el Reino Unido, pero también recibieron multas las que la agencia de calificación tiene en Alemania (340.000 euros), Francia (280.000 euros), España (174.000) e Italia (174.000), precisó la ESMA este martes en un comunicado.

Los precios subieron un 1,3% en marzo en comparación con el mismo mes de 2020 debido al encarecimiento de la electricidad y los carburantes, un avance 1,3 puntos superior al de febrero, cuando los precios permanecieron congelados.

El indicador adelantado del índice de precios de consumo (IPC) publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta a un fuerte repunte ligado a los precios de la energía, que en 2020 bajaron ante el inicio de la pandemia.

De confirmarse este dato el próximo 14 de abril, el IPC marcaría un fuerte cambio de tendencia tras las caídas de precios de 2020, a las que siguieron un pequeño aumento en enero de 2021 (del 0,5% debido a la borrasca Filomena) y estabilidad en febrero (tasa del 0%).

España es está a la cola en calidad de las condiciones laborales en la UE a consecuencia de las políticas de austeridad, según un índice elaborado por Enrico Giovannini, actual ministro de Transportes italiano, para la Confederación Europea de Sindicatos (CES, ETUC, en sus siglas en inglés) publicado este martes y al que ha tenido acceso elDiario.es.

"La Unión Europea ha avanzado poco hacia su objetivo de mejorar la calidad del empleo durante la última década y algunos países incluso han retrocedido", según el informe de Giovannini: "El impacto de las políticas de austeridad de la UE es evidente en el nuevo Índice de Trabajo Decente de la CES, con Grecia, Italia y España entre los cinco países con peores resultados.

La mayoría de viviendas de protección oficial que se construyen en España van destinadas a la venta y no al alquiler. La situación es anómala, porque al cabo de unos años los dueños pueden venderlas y entran en el mercado libre. El propio Ministerio de Transportes lo destacó en su boletín especial de vivienda social, afirmando que así pierden "el carácter social con el que fueron promovidas".

"La inmensa mayoría de estas viviendas respondieron a un único modelo mayoritario de promoción público y privada, con intención de incentivar la construcción de obra nueva para destinarla a la propiedad.

La Inspección de Trabajo sigue sancionando el fraude en los ERTE por la COVID. Dos empresas del grupo Noatum, multinacional de servicios marítimos y portuarios, han sido multadas con 6.251 euros por cada trabajador al que emplearon más horas de las estipuladas en los ERTE de reducción de jornada en los que estaban inmersos, tras la denuncia presentada por CCOO. En total, las sanciones ascienden a unos 37.500 euros para una compañía y otros 43.700 para otra. Además, se exige a las empresas que devuelvan las prestaciones por desempleo recibidas por los trabajadores.

El déficit del conjunto de las administraciones públicas se situó en 2020 en 113.172 millones de euros, el 10,09% del PIB, con lo que multiplica casi por cuatro el dato de 2019 (2,86% del PIB) y alcanza el nivel más alto desde 2009 (11,06% del PIB).

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha presentado este lunes los datos de ejecución presupuestaria de 2020, un año marcado por la pandemia, cuyos efectos han disparado los gastos y menguado los ingresos, y a la que se ha unido el impacto de la consolidación de la Sareb dentro del sector público, de 9.891 millones de euros.