La Administración Trump da un paso más en su enfrentamiento contra el resto del mundo. El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, el mismo que avala deportar migrantes sin garantías judiciales como está haciendo su Gobierno desde el primer minuto, ha anunciado este martes nuevas restricciones para entrar en EEUU que afectarían a personas relacionadas con la supuesta “persecución de ciudadanos y empresas estadounidenses”.

Al margen de las críticas tradicionales de Estados Unidos a China, Rusia, Irán, Cuba o Venezuela, recientemente la administración Trump ha ampliado sus críticas a aliados en Europa en plena negociación comercial con la Unión Europea.

El vicepresidente de EEUU, JD Vance, ha acusado en el pasado a la UE de censura por la Ley de Servicios Digitales (DSA), porque exige a las plataformas digitales responsabilidades sobre lo que en ellas se publica. En febrero, Vance acusó a los líderes europeos, durante la Conferencia de Seguridad de Múnich, de reprimir opiniones disidentes al etiquetarlas como “desinformación” y “fake news”.

“Durante demasiado tiempo, ciudadanos estadounidenses han sido multados, acosados e incluso procesados por autoridades extranjeras por ejercer su derecho a la libertad de expresión”, ha afirmado Rubio: “Hoy anuncio una nueva política de restricción de visados que se aplicará a funcionarios y personas extranjeras que sean cómplices en la censura contra estadounidenses. La libertad de expresión es esencial para el modo de vida estadounidense: un derecho inherente sobre el cual los gobiernos extranjeros no tienen autoridad”. Y añade: “Los extranjeros que trabajan para socavar los derechos de los estadounidenses no deberían disfrutar del privilegio de viajar a nuestro país. Ya sea en América Latina, Europa u otras regiones, se acabaron los tiempos de pasividad hacia quienes atentan contra los derechos de los ciudadanos estadounidenses”.

En una nota difundida por el Departamento de Estado y firmada por el propio Rubio, se afirma: “En algunos casos, funcionarios extranjeros han llevado a cabo acciones de censura flagrantes contra empresas tecnológicas de Estados Unidos y contra ciudadanos o residentes estadounidenses, sin tener autoridad alguna para hacerlo. Es inaceptable que funcionarios extranjeros emitan —o amenacen con emitir— órdenes de arresto contra ciudadanos o residentes estadounidenses por publicaciones en redes sociales hechas en plataformas estadounidenses, mientras se encuentran físicamente en suelo estadounidense. Igualmente, es inaceptable que esos funcionarios exijan a las plataformas tecnológicas de Estados Unidos aplicar políticas de moderación de contenidos a nivel global o que participen en actividades de censura que excedan su jurisdicción e invadan la nuestra”.