Esta semana se han cumplido setenta y siete años del inicio de la Nakba, la expulsión por fuerzas israelíes de más de 700.000 palestinos de sus hogares en 1947 y 1948, con masacres y amenazas. Desde entonces hasta hoy esa voluntad de dejar fuera de su tierra a la población palestina se mantiene, a través de estrategias políticas y militares.

En 1967 se produjo la Naksa, otra expulsión masiva de más de 300.000 palestinos. En las décadas siguientes Israel ha seguido impulsando medidas para apropiarse de tierras ajenas, para anexionarse más territorio, para demoler viviendas y negar derechos básicos a la gente palestina.

“La Nakba no es un acontecimiento del pasado”, ha escrito esta semana la relatora de la ONU, Francesca Albanese. Es una continua violación del artículo 49 de la Cuarta Convención de Ginebra, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del artículo 1 de la Carta de Naciones Unidas y de los principios más básicos de la dignidad humana“.

El sistema de apartheid israelí, desarrollado con más intensidad en las últimas tres décadas, discrimina, arrincona y castiga diariamente a los habitantes de los territorios ocupados palestinos, más de seis millones. Además, niega el derecho al regreso a su hogar a las personas expulsadas en 1948, en 1967 y en décadas posteriores, así como a sus hijos y nietos.

Nada de esto empezó ayer, ni en octubre de 2023. Y, sin embargo, durante todas esas décadas, durante todos estos años, la Unión Europea ha ido estrechando sus relaciones con Israel con acuerdos y alianzas preferenciales, hasta el punto de que este país es integrante de Eurovisión y de la UEFA, a pesar de que no pertenece al continente europeo y de que aplica apartheid y limpieza étnica contra la población palestina.

Esta semana Europa celebra con palomitas y alegría Eurovisión, con Israel como participante, y la Unión Europea de Radiodifusión amenaza con multar a RTVE porque durante una emisión en directo dos locutores pidieron paz y recordaron que hay más de 50.000 personas muertas en Gaza.

La persecución a las manifestaciones de defensa de los derechos humanos de los palestinos es una realidad en EEUU y Europa. Advirtió de ello, hace ya más de un año, la relatora de la ONU, Irene Khan: “La crisis de Gaza se está convirtiendo en una crisis global de la libertad de expresión con repercusiones duraderas”, afirmó en abril de 2024.

La normalización del genocidio en Occidente es un gesto de obscenidad y, en el mejor de los casos, de indiferencia. Hay una Europa ciega en la que la realidad se reduce a mera teoría, a banalidad, como si fuera un juego virtual sin consecuencias. Eurovisión se ha celebrado, otro año más, mientras el Gobierno de Netanyahu despliega su nueva fase de ocupación ilegal en Gaza, por vía terrestre, bautizada como Carros de Gedeón. Este nombre bíblico hace referencia a un pasaje de la Torá, el Libro de los Jueces, en el que se narra y se celebra la masacre de los madianitas, enemigos de los israelitas, y la conquista guiada por la divinidad. Su victoria es descrita como brutal, justa y absoluta.

Tanto Netanyahu como su protector, Donald Trump -como antes lo fue Joe Biden- han mencionado en varias ocasiones la posibilidad de forzar el desplazamiento de población palestina de Gaza hacia otros lugares o de arrinconarla dentro de la Franja en un perímetro reducido. Un informe desvelado este fin de semana por la cadena estadounidense NBC describe un nuevo proyecto en el que estaría trabajando la Casa Blanca para “reubicar” permanentemente en Libia a cientos de miles o incluso a un millón de gazatíes.

“Si se confirma esto, la limpieza étnica de Palestina -que ya es una coalición de crímenes internacionales- se convertirá en una abierta empresa criminal conjunta”, ha denunciado la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos Ocupados, Francesca Albanese.

La nueva fase de matanzas viene acompañada de un asedio que dura ya dos meses y medio, durante los cuales el Ejército israelí ha impedido -e impide- la entrada de productos necesarios para la supervivencia humana, como alimentos, agua potable, pastillas potabilizadoras y medicinas. En las conversaciones telefónicas con habitantes de Gaza esta periodista escucha relatos de familias que se alimentan con comida para gatos, con pan duro o con hierbas.

Las consecuencias del hambre y de la deshidratación son cada día más notables. Decenas de niños y niñas han muerto ya a causa de ello, mientras los bombardeos continúan. Solo en las últimas veinticuatro horas las fuerzas israelíes han matado a al menos ciento cincuenta personas más, en una de las semanas más sangrientas de esta ofensiva que comenzó hace más de un año y medio.

A pesar de la envergadura de estos crímenes, la Unión Europea -y sus naciones integrantes, incluida España- mantiene relaciones armamentísticas, comerciales y diplomáticas con Tel Aviv. Lo hace mientras el Gobierno israelí anuncia operaciones de terror, comete crímenes y expresa intención genocida. El Gobierno español ha anunciado la revocación de un solo contrato de compra de material militar a Israel. Hay otros cuarenta, la mayoría ya formalizados, y algunos pendientes de la firma final. Entre las adquisiciones, está el designador láser POD, comprado a la empresa armamentística pública israelí Rafael, o los misiles Spike.

Comerciar con empresas armamentísticas israelíes o sus filiales significa engrosar las arcas de compañías que son eje vertebral de la ocupación y del apartheid, que suministran y fortalecen al Ejército israelí y que publicitan sus armas como “productos probados en combate”, es decir, sobre población palestina.

Supone, además, incumplir el dictamen de la Corte Internacional de Justicia, que el pasado mes de julio pidió a las naciones de la ONU medidas “para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el Territorio Palestino Ocupado”. El Estado israelí en sí mismo es el impulsor de la ocupación ilegal de Palestina, y las empresas armamentísticas israelíes y sus filiales contribuyen activamente a este crimen continuado desde hace décadas.

Las naciones tienen soberanía para suspender relaciones con un Estado, para impulsar medidas de presión. Quedó claro cuando el Ejército ruso invadió territorio ucraniano en 2022. De forma casi inmediata, la UE impuso sanciones a Moscú, expulsó a Rusia de la UEFA y de Eurovisión y compró gas estadounidense, bastante más caro que el ruso, en sustitución de éste. Incluso consideró necesario enviar armamento a Ucrania, reforzando la nefasta idea de que los conflictos se resuelven por la vía de las armas. Los Estados miembros de la UE fueron claros con la orden de arresto a Putin, la defendieron con contudencia; en cambio, algunos de los países más grandes de la UE han llegado a cuestionar el cumplimiento de la orden de arresto contra Netanyahu.

Comerciar con un Estado que segrega, masacra, ocupa y coloniza es evitar acciones básicas para obstaculizar el genocidio. No adoptar medidas de presión real facilita que las masacres continúen. También supone ignorar la Convención sobre Genocidio, que indica la obligación de los países firmantes de “prevenir y sancionar” ante el riesgo de genocidio. Esta Convención incluye, en su Artículo III (e) la noción de “complicidad” como elemento que contribuye al crimen.

El ministro de Exteriores alemán y el presidente de Alemania han mantenido diferentes encuentros en los últimos días con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a quien ha mostrado su apoyo. Hace unas semanas, la Alta Representante para la Política Exterior de la UE, Kaja Kallas, también subrayó la “solidaridad” europea con Israel y la importancia del país como socio, en un encuentro con el ministro de Exteriores israelí.

La Unión Europea actúa sin tener en cuenta las consecuencias del exterminio israelí en las dinámicas internacionales. Palestina lo cambia todo, porque en el avance de la impunidad israelí, con la complicidad o inacción de los países europeos, se normaliza la vía militar presentada como única opción, en detrimento de la solución política y de la aplicación del derecho internacional. Palestina no es solo una crisis humanitaria, es un escenario en el que se despliega una coalición de crímenes. Es un espejo que refleja el quiebre moral del sistema global.

La gente decente que recuerde este período nunca entenderá, porque no hay manera de entender, cómo Israel mató de hambre, deliberadamente, a palestinos en Gaza, cómo la ayuda alimentaria se acumuló en cada frontera de la Franja y por qué las naciones europeas, socias preferentes de Israel, no quisieron desplegar medidas de presión para obligar al Gobierno israelí a levantar el bloqueo. Por qué no se movilizaron con todas las herramientas posibles, desde hace meses, para garantizar la llegada de alimentos y de medicinas que se les sigue negando, ahora, en este preciso instante, a más de dos millones de personas cercadas por un Ejército que masacra a civiles.

Quizá llegue un día, quizá no, en el que se pregunte a los gobiernos de Europa qué hacían mientras Israel masacraba a niños y cantaba en Eurovisión, mientras asesinaba a civiles durante diecinueve meses seguidos, mientras extendía su apartheid en Cisjordania y Jerusalén Este. ¿Se han adoptado las medidas de presión precisas? No. ¿Se han desplegado mecanismos de presión política y diplomática? No. ¿Son suficientes las palabras si no van acompañadas de acción? No. Si no se reacciona en medio de un genocidio, ¿cuándo?