Están a punto de cumplirse ocho meses desde el inicio de la ofensiva israelí contra la Franja de Gaza. El planeta entero observa imágenes de matanzas continuadas de civiles, casi en tiempo real, perpetradas por un ejército que cuenta con armamento estadounidense y europeo, y por un país al que tanto la Unión Europea como Washington siguen considerando aliado y amigo.
Las líneas rojas se han difuminado, hasta tal punto que el Gobierno de Biden ha llegado a falsificar un informe para absolver a Israel de su responsabilidad en el bloqueo de ayuda humanitaria hacia Gaza, haciendo caso omiso de las advertencias de sus propios consejeros.
Qué puede hacerse que no se ha hecho aún
Ni EEUU ni ningún país europeo han impuesto sanciones a Israel, ni establecido oficialmente un embargo de armas, ni han suspendido sus relaciones diplomáticas con Tel Aviv para intentar detener las matanzas israelíes en Gaza, y menos aún para poner fin a la ocupación ilegal israelí, a su sistema de apartheid y a su incumplimiento sistemático de las resoluciones de la ONU y del derecho internacional.
Tampoco se han sumado a la demanda sudafricana presentada en la Corte Internacional de Justicia contra Israel por genocidio -a la que han unido México y Chile esta semana-, ni han hecho llamamientos para que las empresas que operan en los territorios ocupados ilegalmente dejen de hacerlo de forma inmediata. A nivel conjunto, desde Bruselas, tampoco se ha interrumpido el Acuerdo de Asociación entre Israel y la Unión Europea, un pacto comercial preferencial -la UE es el primer socio comercial de Israel en el mundo-, cuyo artículo 2 obliga al respeto de los derechos humanos por ambas partes. Más de doscientas organizaciones de la sociedad civil europea reclaman su suspensión hasta que Israel cumpla.
La presión de los gobiernos europeos desplegada contra Rusia tras la invasión de territorio ucraniano contrasta con la posición ante Tel Aviv. En el primer caso hubo de forma inmediata enérgicas condenas, se establecieron sanciones a gran escala, medidas diplomáticas, restricciones en las relaciones económicas e incluso prohibición de varios medios de comunicación rusos. Además, EEUU celebró la orden de arresto del tribunal de La Haya contra el presidente Putin, una reacción que contrasta con el rechazo a la solicitud de orden de arresto contra Netanyahu.
Varios expertos de la ONU, relatores especiales, solicitan sanciones y embargos de armas inmediatos contra Israel
El reconocimiento del Estado palestino por España, Noruega e Irlanda es un paso simbólico y tiene la importancia de tratarse de naciones del llamado primer mundo. Con ello ya son 147 los países -de los 193 de la ONU- que reconocen el Estado de Palestina. Eslovenia ha anunciado que lo hará en los próximos días. Sin embargo, este reconocimiento simbólico no detendrá por sí mismo los ataques contra población palestina en Gaza, ni pondrá fin a la ocupación ilegal israelí de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, que son precisamente los territorios que constituirían ese Estado palestino.
En este sentido se ha expresado estos días la relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, al señalar que “los Estados miembros [de la ONU] deben imponer sanciones, embargo de armas y suspender las relaciones diplomáticas/políticas con Israel hasta que cese su ofensiva”. “Israel no detendrá esta locura hasta que nosotros hagamos que se detenga”, ha añadido. También un grupo de expertos de la ONU, relatores especiales del organismo internacional, han exigido una investigación internacional de los últimos ataques israelíes contra civiles, así como sanciones y embargos de armas inmediatos.
España ha seguido comprando material militar a Israel, que suele ser publicitado como “probado en combate”
España siguió enviando armas a Israel en el último trimestre del año y ha continuado comprando material militar a Israel al menos hasta marzo. Las empresas israelíes suelen publicitar estos productos afirmando que han sido “probados en combate”, es decir, sobre Gaza y Cisjordania, donde se sigue “un patrón de comisión de crímenes de guerra y otras graves violaciones del derecho internacional”, según denuncia Amnistía Internacional. Cuando el Centre Delàs desveló, a través de este diario, la continuidad en el envío de armamento, el Gobierno español señaló que se trataban de paquetes acordados antes del 7 de octubre. Aún así, podría haber congelado esos envíos, revocando esas licencias.
Desde el mes de enero no hay constancia de envíos de material militar desde España a Israel como destino final, pero sí como país de tránsito -en enero y febrero-, con destino final a Filipinas. El hecho de que el Gobierno español no haya declarado un embargo de armas oficial significa que, en un futuro, cuando lo considere oportuno, podría retomar la exportación aunque siga habiendo riesgo de que Israel use armamento para atacar a civiles. Lo que ha aceptado el Gobierno español es solo una “política de no autorización de nuevas licencias”, según explicó hace dos meses y medio la secretaria de Estado de Comercio, Xiana Méndez.
Por lo demás, tampoco se ha registrado una suspensión oficial de la compra de material militar a Israel. Un reciente informe impulsado por varias organizaciones de derechos humanos, titulado 'Defensa, Seguridad y Ocupación como negocio', indica que “las firmas israelíes fabricantes de sistemas de armas adquiridos por España son las principales empresas militares promotoras y facilitadoras de la ocupación de los Territorios Palestinos y, hoy día, tres de las compañías que mayor lucro obtienen de la perpetuación de este conflicto”.
Confío en los pueblos de España para garantizar que se aplique progresiva y plenamente un embargo de armas efectivo a Israel
Además, al menos un puerto español ha sido incluido como parte de alguna ruta de armas a Israel, como denunció recientemente la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP). Pese a las críticas a esa información por parte del ministro de Transportes, Óscar Puente, lo cierto es que dicha filtración, de una fuente fidedigna, impidió que dos barcos hicieran tránsito en Cartagena. Una de las naves fue desviada por orden del propio Gobierno español, que denegó los permisos para la escala y confirmó que el buque sí portaba armas para Israel. El segundo barco, ante el riesgo de ser registrado, renunció a hacer parada en el último momento. De este último el Gobierno dijo que no llevaba armas a Israel, aunque desde la RESCOP y el Centre Delàs se expresaron dudas sobre el destino final de parte del contenido transportado.
Estos hechos han servido para poner el foco en esas rutas y para introducir en el debate público preguntas legítimas. ¿Fueron esos barcos los primeros que iban a pasar por España, tras más de siete meses de ofensiva contra Gaza? Antes de esta filtración, ¿cuántos barcos con armas con destino a Israel hicieron escala en territorio español?
El día 15 de mayo, cuando estos barcos se acercaban a nuestras costas, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, advirtió:
“Hoy han surgido numerosas preocupaciones con respecto a la entrada en aguas de España de un barco que supuestamente transportaba armas destinadas a Israel. Esto plantea un desafío a la postura de España en materia de derechos humanos, particularmente en medio de las atrocidades que se están cometiendo en Gaza. Confío en los pueblos de España -estudiantes, educadores, intelectuales, trabajadores, sociedad civil y políticos- para garantizar que se aplique progresiva y plenamente un embargo de armas efectivo a Israel”.
La RESCOP ha denunciado que otro barco que podría llevar armas a Israel tiene previsto hacer parada en Cartagena
Días después se supo que otro barco que podría llevar armas a Israel, el Vertom Odette, también tiene previsto hacer parada en Cartagena este próximo miércoles. La RESCOP y la Campaña por el Fin del Comercio de Armas con Israel han pedido al Gobierno español que inspeccione ese cargamento y han solicitado la creación de una comisión de investigación en el Congreso “para que se determine cuál es el rol de España en el tránsito marítimo y aéreo de material armamentístico y de seguridad hacia Israel”. “No podemos ir parando barco a barco. Necesitamos un embargo formal de armas a Israel ya”, indicaron este fin de semana.
El Tratado sobre el Comercio de Armas, ratificado por España, prohíbe la transferencia de armas a países que pudieran usarlas para ataques contra civiles, crímenes de guerra, de lesa humanidad o genocidio. Esa transferencia incluye el tránsito, es decir, el uso de territorio para paradas en el trayecto hasta el destino final.
Además del embargo de armas que ningún Estado europeo ha adoptado, otra de las medidas que pueden aplicarse es la que ha anunciado hace unos días el Gobierno francés, que ha prohibido la presencia de empresas israelíes en la feria internacional de armamento Eurosatory, que se celebrará este mes en Villepinte, cerca de París.
El embajador palestino en la ONU habla en la Asamblea General el pasado 10 de mayo
Las empresas israelíes de armas adquiridas por España son las principales promotoras y facilitadoras de la ocupación
En su empeño por seguir cubriendo los crímenes israelíes, EEUU ha negado jurisdicción sobre Israel al Tribunal Penal Internacional -al mismo tiempo que sí le reconoce competencia sobre Ucrania, Sudán o Darfur-, ha vetado en la ONU tres resoluciones que pedían un alto el fuego inmediato y otra que solicitaba el reconocimiento del Estado palestino, ha seguido enviando paquetes de armas a Tel Aviv, ha suspendido su financiación a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) e incluso ha acusado a la relatora de la ONU Francesca Albanese, de 'tener un pasado de comentarios antisemitas', tras la publicación de su informe, titulado “Anatomía de un genocidio”.
Por su parte, la mayoría de los países europeos no han impulsado mecanismos diplomáticos posibles en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde, como recordaba recientemente Francis Boyle -primer abogado en ganar un caso de protección de genocidio-, se podría suspender temporalmente a Israel como miembro, “como se hizo en el pasado con la Sudáfrica del apartheid” o se podrían aprobar sanciones.
Las mayores medidas de presión a Israel proceden de países del Sur Global, pese a que disponen de menos capacidad de influencia
Aún así se han celebrado importantes votaciones en la Asamblea, a falta de caminos en el Consejo de Seguridad, donde el veto de Washington dificulta los avances. En diciembre una abrumadora mayoría de países reconocieron el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino en la Asamblea General de Naciones Unidas, donde recientemente también se ha aprobado la ampliación de derechos de Palestina como Estado observador, pero no como integrante de pleno derecho. Estas votaciones ofrecen una y otra vez una foto simbólica en la que la mayoría del planeta defiende derechos para Palestina, frente a una llamativa minoría de noes -Israel y EEUU, principalmente- y abstenciones de varios países europeos.
La preocupación en circuitos de derechos humanos por el doble rasero mostrado ante la ley internacional en el caso israelí está generando un intenso debate sobre cómo evitar que se consolide la impunidad. El rechazo mostrado por EEUU a las medidas adoptadas en los dos tribunales internacionales de La Haya daña el derecho internacional, según están advirtiendo expertos juristas y organizaciones de derechos humanos.
El equipo legal sudafricano en la Corte Internacional de Justicia durante la audiencia del pasado 16 de mayo
Las medidas en los dos tribunales internacionales ofrecen herramientas a los países de la ONU para presionar a Israel
Al mismo tiempo, estas investigaciones judiciales han colocado una gigantesca lupa global sobre los ataques militares de Israel contra la población civil. En ese sentido, ha sido clave la labor periodística desarrollada desde la Franja, así como su capacidad de divulgación a través de las redes sociales, algo con lo que el Ejecutivo de Netanyahu -que prohíbe la entrada de toda la prensa internacional- no contaba.
El Estado palestino fue aceptado como miembro observador de la Asamblea de la ONU en 2012, y como integrante del Tribunal Penal Internacional (TPI) en 2015, lo que abrió el camino a una investigación de crímenes en territorio palestino, iniciada en 2021. Por eso el fiscal jefe del TPI, Karim Khan, pudo solicitar hace unos días órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su ministro de Defensa, además de contra tres líderes de Hamás. Es la primera vez que un fiscal jefe de este tribunal solicita órdenes de arresto contra dos mandatarios de un país aliado de EEUU. Dicha solicitud está ahora siendo valorada por tres jueces del TPI, que tendrán que determinar si la rechazan o la ratifican.
Este proceso en el Tribunal Penal Internacional ha sido posible a través del trabajo y el empeño de organizaciones de derechos humanos palestinas e internacionales, que llevan años empujando y proporcionando datos y pruebas. La investigación empezó tarde y está siendo lenta, en parte debido a las presiones e intimidaciones por sectores israelíes y estadounidenses, primero con la fiscal jefe anterior -Fatou Bensouda, quien ha denunciado amenazas del jefe del Mossad- y actualmente con el fiscal jefe Karim Khan, quien recientemente alertó de que había recibido duras advertencias.
“Este tribunal fue construido para África y para matones como Putin, es lo que un alto líder me dijo”, ha denunciado Khan, a quien varios senadores estadounidenses enviaron una carta con frases como esta: “Apunta a Israel y nosotros te apuntaremos a ti”.
El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan
Otro de los pasos más importantes hasta el momento es el adoptado en la Corte Internacional de Justicia, que en enero admitió por primera vez en su historia una demanda por genocidio contra un gran aliado de EEUU: Israel. Desde entonces ha ordenado varias medidas provisionales, que Israel ha incumplido. La última de estas medidas solicita el fin inmediato de la ofensiva contra Rafah para garantizar la entrada de la ayuda humanitaria suficiente, en un contexto en el que se está privando de forma intencionada de elementos básicos para la supervivencia humana, según ha escrito en su informe el fiscal jefe del TPI.
Estos movimientos en el plano jurídico ofrecen potentes herramientas a los Estados, a la política, a la Unión Europea y a Naciones Unidas. Sin embargo, la mayoría de los gobiernos del llamado primer mundo siguen sin adoptar medidas de presión real.
Sí lo han hecho algunos países del Sur Global. Sudáfrica ha impulsado la demanda por genocidio en la Corte Internacional de Justicia, a la que se han sumado varios países, entre ellos, México y Chile. Colombia ha roto relaciones diplomáticas con Israel y, al igual que Brasil o Turquía, ha expresado su apoyo a la demanda sudafricana. Argelia ha propuesto varias resoluciones en el seno de la ONU en favor de Palestina, y otros países del Sur Global operan en el marco de Naciones Unidas en ese sentido. Estas acciones desde gobiernos con menos margen de maniobra -y con más riesgo de ser castigados por los grandes- contrastan con el papel de aquellos que sí cuentan con capacidad de influencia y con poder.
De hecho, si se ha llegado hasta aquí es porque a lo largo de los años las políticas estadounidenses y europeas facilitaron la extensión de la ocupación israelí y el desarrollo de mecanismos de discriminación y opresión contra la población palestina, a través de paquetes de ayuda militar y económica, de protección política y diplomática o de alianzas preferenciales. Todo esto explica que Israel siga violando las resoluciones de Naciones Unidas y el derecho internacional sin sufrir represalias o aislamiento real, cuando ya hay 36.379 personas muertas en Gaza y 82.000 heridas.
