El anuncio de España, Noruega e Irlanda del reconocimiento de Palestina como Estado el próximo 28 de mayo es un gesto que necesita de muchas más medidas para convertirse en una realidad y para lograr el fin de la masacre en Gaza. Aún así, constituye en sí misma una medida simbólica y puede animar a otras naciones a dar el mismo paso. El hecho de que se trate de tres países europeos, y de que dos de ellos -España e Irlanda- formen parte de la Unión Europea es importante.

Con la incorporación de España, Noruega e Irlanda son ya 147 los países que reconocen Palestina, de los 193 Estados integrantes de Naciones Unidas. Es decir, representan más de tres cuartos del planeta, una gran mayoría. Entre ellos están China, Brasil, Rusia, Sudáfrica o India.

Los términos numéricos son contrarrestados, sin embargo, por la correlación de fuerzas. Hasta ahora solo ocho países de la Unión Europea reconocían el Estado palestino: Polonia, Bulgaria, Rumanía, Hungría, República Checa, Eslovaquia, Suecia y Chipre. Las mayores potencias de Europa -Reino Unido, Alemania, Francia e Italia- no lo han hecho aún, ni tampoco Australia, Japón, Canadá o Estados Unidos. Washington es el mayor proveedor financiero y militar de Israel y su gran protector diplomático.

La Unión Europea es un socio preferente de Tel Aviv, a través del Acuerdo comercial de Asociación -cuyo artículo dos exige el cumplimiento de los derechos humanos por ambas partes- y de la compraventa de armas a lo largo de los años.

También en el seno de Naciones Unidas la mayoría numérica choca con la capacidad de acción de una minoría: tres de los cinco Estados con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU -EEUU, Reino Unido y Francia- no han reconocido aún el Estado palestino. Esto inclina la balanza contra los intereses y derechos del pueblo palestino, sobre todo en lo que se refiere a Washington, que ha bloqueado varias resoluciones contra políticas ilegales israelíes.

A lo largo de estos meses el Gobierno estadounidense ha vetado en tres ocasiones resoluciones que proponían un alto el fuego inmediato, facilitando la continuación de la masacre en Gaza. También se ha opuesto al derecho de autodeterminación del pueblo palestino -en una votación en la Asamblea General el pasado diciembre, en la que solo hubo cuatro votos en contra- y ha vetado el reconocimiento de Palestina como miembro de pleno derecho de Naciones Unidas, en una votación del Consejo de Seguridad del pasado mes de abril, con doce votos a favor y dos abstenciones: Suiza y Reino Unido.

Las declaraciones de sucesivos gobiernos estadounidenses en favor de la llamada “solución de los dos Estados” chocan una y otra vez en la práctica con sus posicionamientos en sentido contrario, tanto en las votaciones en Naciones Unidas como en su apoyo a gobiernos israelíes que han seguido extendiendo la ocupación ilegal de los territorios palestinos. También la mayoría de los países europeos han mantenido una posición favorable a la impunidad israelí, lo que ha permitido el enquistamiento de la situación.

Para que un Estado palestino se convierta en algo real se necesita algo más que su reconocimiento simbólico. A día de hoy la proliferación de asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, la transferencia de población del Estado ocupante -Israel- al territorio ocupado, impide la conexión territorial de lo que constituiría una futura Palestina. Además, el Gobierno israelí -y también una gran mayoría parlamentaria- se opone al derecho del Estado palestino. Israel lleva no años, sino décadas, incumpliendo varias resoluciones de Naciones Unidas que reconocen el derecho al Estado palestino en las fronteras previas a la ocupación ilegal israelí de 1967, cuando tomó el control de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. Ese territorio constituye solo el 22% de la Palestina histórica.

A pesar de todo ello, EEUU y la mayoría de los países europeos mantienen relaciones comerciales no solo con Israel, cuyo Ejército facilita la construcción y mantenimiento de esos asentamientos, sino con empresas vinculadas a esa ocupación ilegal. También han sostenido a lo largo de los años una importante compraventa de armas con Tel Aviv, lo que ha facilitado la extensión de esas colonias israelíes en territorio palestino.  El propio ministro de Exteriores español, Jose Manuel Albares, volvió a calificar hace dos semanas a Israel como “amigo de España”, lo que no solo no implica presión alguna, sino que normaliza la masacre en Gaza y la ocupación ilegal.

La mayoría de las naciones europeas que vendían armas a Israel han seguido haciéndolo tras el inicio de los ataques contra población civil en Gaza, incluida España. Cuando este diario informó de ese tipo de envíos, realizados en octubre y noviembre, el Gobierno español señaló que se trataban de paquetes acordados antes del 7 de octubre. Tanto el Centre Delàs como otras organizaciones de derechos humanos señalaron entonces que dichas ventas podrían haberse suspendido igualmente a pesar de estar ya suscritas, debido a la violación sistemática del derecho internacional por parte del Ejército israelí, con sus ataques continuados contra población civil.

Las sanciones de la Unión Europea contra Rusia o la rápida retirada de la embajadora de España en Argentina por unas declaraciones del presidente Milei contrastan con el mantenimiento de las relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, tras 35.000 muertos y 79.000 heridos en Gaza, donde continúa el castigo colectivo contra la población palestina.

Hace tan solo unos días la filtración a la RESCOP de una información que indicaba la llegada a costas españolas de dos barcos en tránsito hacia Israel originó nuevamente un debate sobre las medidas adoptadas por España para cumplir la ley y el Tratado sobre el Comercio de Armas. Este Tratado indica que “no se autorizará transferencia de armas si se sabe que podrían usarse para cometer genocidio, crímenes de lesa humanidad, infracciones graves de las Convenciones de Ginebra, ataques contra civiles u otros crímenes de guerra”, y considera como transferencia de armas también el tránsito de las mismas por puertos españoles.

Ante ese anuncio, el Gobierno español denegó la escala de un buque con material militar a Israel. Otro barco bajo sospecha, el Borkum, optó finalmente por no hacer parada en Cartagena. Lo ocurrido mostró que las costas españolas han podido ser puerto de tránsito y parte de alguna ruta para el envío de armas a Israel a lo largo de estos meses. Este hecho requiere de una mayor vigilancia por parte de las autoridades españolas y de aclaraciones sobre cuántos barcos con material material han podido usar el territorio español como lugar de tránsito para repostar antes de proseguir ruta hacia Israel.

Gaza lleva años sometida a un bloqueo israelí, con el control de su fronteras terrestres y de su espacio aéreo y marítimo, así como con incursiones militares rutinarias. Cisjordania y Jerusalén Este están ocupadas por más de 700.000 colonos israelíes, protegidos por el Ejército y por un sofisticado engranaje de apartheid, con controles militares, procesos de desposesión, destrucción de viviendas, construcción de nuevas colonias, cientos de puestos fijos de control militar, carreteras de uso exclusivo israelí y un muro de 700 kilómetros, que ha servido en sí mismo para anexión de territorio.

La vida rutinaria de la población palestina está condicionada por la falta de libertad de movimientos, la arbitrariedad de los controles militares, las largas esperas en los checkpoints y la falta de derechos esenciales.

En 2012 la Asamblea General de la ONU aprobó el reconocimiento de Palestina como Estado observador no miembro de la ONU, lo que le ha permitido poder adherirse al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y a otros tratados de derechos internacional humanitario y de los derechos humanos. Este paso fue importante para permitir la acción del derecho internacional, como ha indicado el propio fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan. Poco después, en 2015, el TPI admitió a Palestina como miembro, y en 2021 se declaró competente para investigar crímenes en los territorios palestinos. Esto ha desembocado ahora en la primera solicitud de la historia de órdenes de arresto por el fiscal jefe de dicha corte contra dos mandatarios de un país aliado de Estados Unidos: el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y su ministro de Defensa.

Todos esos movimientos diplomáticos en el seno de la ONU han dado algún resultado, pero son lentos e insuficientes. La aceleración del proceso solo podrá venir a través de medidas más contundentes. La llamada “solución de los dos Estados” lleva siendo usada desde hace demasiados años como un argumento vacío de contenido que ha servido para dar una patada hacia adelante en favor de la política de hechos consumados de Israel.

La prioridad actual pasa por poner fin de forma inmediata a la masacre en Gaza, al bloqueo de la ayuda humanitaria, al asedio de hospitales, a la destrucción masiva, a la situación que está “privando intencional y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”, expresión textual del propio fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional.

Tras ello, será necesario terminar con la ocupación israelí, para que el futuro Estado palestino -o el Estado binacional en el que haya igualdad para todos, independientemente de su religión y cultura- disponga de territorio continuado. Ello requiere de una comunidad internacional activa y dispuesta a forzar a Israel para que cumpla las resoluciones de Naciones Unidas y ponga fin al sistema de apartheid que discrimina a la población palestina. Fue posible con Sudáfrica, a través de medidas de presión que todavía no se están adoptando en este caso. La historia de Israel a lo largo de las décadas demuestra que los gestos sin medidas de presión nunca son suficientes.