A todos ellos les atribuye responsabilidad penal por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Una medida inédita

Independientemente de hasta dónde lleguen las órdenes solicitadas por el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Khan, éstas constituyen un paso novedoso. Por primera vez en la historia, un fiscal jefe del TPI ha pedido una orden de detención para dos máximos líderes de un país aliado de Occidente: el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant. Se trata, además, de un país especialmente aliado, puesto que representa el mayor receptor de ayuda militar estadounidense en las últimas dos décadas. Ocho meses después del inicio de la masacre en curso, con 35.000 palestinos muertos y 78.000 heridos, ningún Estado occidental ha suspendido temporalmente relaciones comerciales o diplomáticas con Israel ni emitido sanciones.

“Este es un acontecimiento decisivo en la historia de la justicia internacional”, indica a elDiario.es el abogado estadounidense, especializado en derechos humanos, Reed Brody. “En más de veintiún años de existencia, el Tribunal Penal Internacional nunca había acusado a un funcionario occidental. De hecho, desde los juicios de Núremberg ningún tribunal internacional lo ha hecho”. En el mismo sentido se ha pronunciado el profesor de Derecho Internacional y asesor especial del fiscal del TPI, Kevin Jon Heller: “Este anuncio es un hito. La Fiscalía nunca había acusado a un jefe de gobierno apoyado por Occidente”.

En conversación con elDiario.es, el abogado Joan Garcés, también especializado en derecho internacional como representante de miles de víctimas de la dictadura de Pinochet, destaca que el TPI ofrece a “cada gobierno de sus 124 Estados miembros, a sus pueblos, poder demostrar si respetan sus obligaciones internacionales. Plantear la cuestión es un paso positivo, iremos viendo las respuestas”.

Por su parte, el exfiscal jefe fundador del TPI, Luis Moreno Ocampo, ha señalado que “el fiscal del Tribunal Penal Internacional dijo en su momento que quienes no cumplieran la ley no deberían quejarse más adelante, cuando su Oficina tomara medidas. Ese día ha llegado”.

En su petición de orden de arresto, la fiscalía del TPI atribuye a Netanyahu y Gallant los siguientes crímenes: “hacer morir de hambre a civiles”, “causar intencionalmente gran sufrimiento o daños graves al cuerpo o la salud, o tratos crueles”, “homicidio intencional o asesinato”, “dirigir intencionadamente ataques contra una población civil”, “exterminio y/o asesinato”, “persecución como crimen de lesa humanidad” y “otros actos inhumanos”.

En el caso de los tres líderes de Hamás, figuran los crímenes de “asesinato”, “exterminio”, “toma de rehenes”, “violencia sexual”, “tortura”, “trato cruel”, “atentados a la dignidad personal” y “otros actos inhumanos”.

Los siguientes pasos

Estas órdenes de arresto solicitadas por el fiscal jefe, Karim Khan, deben ser ahora valoradas por un panel de jueces del Tribunal Penal Internacional, que tendrán que analizar si existen “motivos razonables para creer que la persona ha cometido un delito de la competencia de la Corte”, lo que supone “un umbral inferior al requerido en el juicio para condenar a una persona”, según indica a elDiario.es el exfiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, el experto Luis Moreno Ocampo.

Serán tres juezas las que evalúen las pruebas recopiladas por el fiscal jefe, y las que decidirán si el tribunal emite las órdenes de arresto solicitadas: Iulia Motoc, Reine Alapini-Gansou y la mexicana Socorro Flores Liera. En caso de que rechazaran emitir estas órdenes de arresto, habría otros pasos posibles, según indica Moreno Ocampo: “El fiscal podría solicitar una revisión de la Sala de Apelaciones, integrada por cinco jueces”.

Si, por el contrario, la valoración de estas juezas respalda las órdenes de la Fiscalía, el primer ministro Netanyahu, el ministro de Defensa Gallant y los tres líderes de Hamás se enfrentarían al riesgo de arresto en la mayoría del planeta, en concreto, en 124 países, que son los que forman parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Todos ellos estarían obligados a arrestar a las personas buscadas por la Fiscalía.

“Esto supone en sí mismo una bofetada internacional importante, limitaría significativamente la movilidad de Netanyahu y del ministro de Defensa israelí. No ocurriría en EEUU ni en otros países no miembros de la Corte o antagónicos con la Corte. Pero la gente debe entender que en este mundo, por muy fuerte que pueda ser EEUU, y por mucho que esté apoyando militarmente a Israel, la mayoría de los países del planeta son miembros del Tribunal Penal Internacional, y esto tiene trascendencia”, señala a elDiario.es la abogada especializada en derecho internacional Almudena Bernabeu, cofundadora de Guernica 37 Group.

“El Tribunal no tiene un plazo preestablecido para responder al fiscal. Tiene que decidir conforme a normas jurídicas. Esperemos que cuente con los apoyos necesarios en medio de la insana espiral belicista actual”, indica el jurista Joan Garcés a elDiario.es, en referencia a un contexto internacional con récord en gasto militar mundial y con la normalización de la guerra presentada como única opción en diferentes escenarios.

Comunicado del fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional de hace dos semanas, advirtiendo de las intimidaciones recibidas El doble rasero y los obstáculos

La justicia internacional está sometida a la correlación de fuerzas del escenario geopolítico y sufre presiones. Por eso las órdenes solicitadas por el fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, constituyen en sí mismas una medida con una elevada carga simbólica.

“Hasta ahora, los instrumentos de la justicia internacional se han usado casi exclusivamente para abordar los crímenes cometidos por adversarios derrotados, marginados impotentes u opositores de Occidente, como Vladimir Putin o Slobodan Milošević”, recuerda el abogado Reed Brody en conversación con elDiario.es. “Las órdenes del TPI, si se aprueban, convertirían a Netanyahu en un hombre buscado, en la misma categoría que Putin y Omar al-Bashir de Sudán”, añade.

En las últimas semanas se habían filtrado informaciones en prensa sobre las presiones contra el Tribunal Penal Internacional por parte de varios senadores de Estados Unidos y también de funcionarios israelíes. La propia Oficina del fiscal jefe del TPI así lo denunció hace unos días, recordando que este tipo de presiones pueden constituir actos punibles.

El pasado 30 de abril el portavoz del Departamento de Estado de EEUU ,Vendan Patel, preguntado sobre esta investigación del Tribunal Penal Internacional, afirmó: “No creemos que tenga jurisdicción sobre esto [sobre Israel]; dicho lo cual, trabajamos estrechamente con el Tribunal Penal Internacional en una serie de áreas clave: Ucrania, Darfur, Sudán, pero en este caso en particular simplemente no tiene competencia”. La relatora de Naciones Unidas para Palestina, Francesca Albanese, reaccionó señalando que “el Gobierno de EEUU parece dispuesto a socavar todos los principios básicos del derecho internacional para proteger a Israel de la rendición de cuentas, incluso frente a un genocidio en curso. Esto corre el riesgo de arrastrarnos a todos a un mundo cada vez más inseguro y sin ley”.

Este lunes el presidente Biden calificó de “indignante” las órdenes de arresto contra los líderes israelíes, y el secretario de Estado, Antony Blinken, las ha tachado de “vergonzosas”, mientras que su portavoz, Matt Miller, ha negado jurisdicción al TPI en este caso. Por su parte, el presidente del Congreso, el republicano Mike Johnson, ha anunciado que la Cámara de Representantes “está revisando todas las opciones, incluidas las sanciones, para castigar al Tribunal Penal Internacional”, en un claro desprecio a la aplicación del derecho internacional.

El posicionamiento de Estados Unidos establece un doble rasero y un derecho internacional de quita y pon, debilitándolo e introduciendo en él excepciones, condicionadas por sus intereses. Como han recordado diversos expertos, la Administración Biden sí dio la bienvenida a la orden de arresto solicitada contra el presidente ruso Vladimir Putin.

En cuanto a Israel, ya en 2021, cuando el Tribunal Internacional se declaró competente para investigar crímenes en los territorios palestinos, Netanyahu acusó a dicha corte de “puro antisemitismo”. Hace tres semanas, el primer ministro israelí insistió en ello, advirtiendo de que cualquier medida judicial en su contra sería “un crimen de odio antisemita”.

Este lunes, tras darse a conocer las órdenes, el ministro de Exteriores israelí ha protestado contra la medida. También lo han hecho los líderes de la oposición israelí, tanto Benny Gantz, como el presidente Isaac Herzog y Yair Lapid, calificándola de “escandalosa” y de “completo fracaso moral”.

El fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional este lunes, anunciando su solicitud de órdenes de arresto Medidas desde lo judicial que dan herramientas a la política

El Tribunal Penal Internacional sí tiene jurisdicción penal sobre los territorios palestinos de Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este, y así lo estableció en 2021.

Más allá de lo que finalmente decida el panel de juezas del TPI, esta orden de arresto solicitada por el fiscal jefe da herramientas a la política, deja espacio para que los países puedan adoptar medidas de acción y de presión dirigidas a evitar más muertes y más violaciones del derecho internacional. Ante ello, la organización de derechos humanos Human Rights Watch ha advertido de que “los países miembros deben estar preparados para proteger resueltamente la independencia del Tribunal Penal Internacional, ya que es probable que aumente la presión hostil mientras las juezas consideran la solicitud de Khan”.

No debe olvidarse que también hay otra investigación abierta en el máximo tribunal de la ONU, la Corte Internacional de Justicia, donde la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica contra Israel ha impulsado la emisión de medidas provisionales -en enero y abril- para garantizar la llegada de la ayuda humanitaria necesaria a Gaza. Ni Israel las ha cumplido, ni los países con capacidad de presión han empujado lo suficiente para que las cumpla.

Casi ocho meses después del inicio de la masacre en Gaza, siguen registrándose ataques contra civiles de forma rutinaria, Israel lanza ofensivas que han obligado a desplazarse a otras 900.000 personas en las dos últimas semanas y lleva a cabo nuevos asedios contra otros dos hospitales.

Varias organizaciones de derechos humanos palestinas -Al Haq, Al Mezan, y el Centro Palestino de Derechos Humanos- personadas en demandas ante tribunales internacionales, han dado la bienvenida a las órdenes del fiscal jefe del TPI, pero lamentan que no incluya la acusación de genocidio en ellas, ni crímenes repetidos a lo largo de los años, como la ocupación ilegal y el desplazamiento forzado de población en Cisjordania y Jerusalén Este. También solicitan que contemple los crímenes cometidos durante la Gran Marcha del Retorno en 2018 -con 140 muertos palestinos en pocas semanas y más de 9.000 heridos- o durante la Operación Margen Protector de 2014, en la que Israel mató a 1.492 civiles.

En ese sentido, la profesora de derecho Heidi Matthews subrayaba este lunes que, aunque el delito de genocidio no se ha incluido, el fiscal jefe del TPI sí “enfatizó que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”, lo que en sí mismo se ajusta a la definición de genocidio. También ha señalado que el fiscal podría agregar cargos posteriormente.

Víctimas palestinas, organizaciones de derechos humanos y agencias de Naciones Unidas llevan años denunciando la transferencia de población del Estado ocupante -Israel- al territorio ocupado, lo que constituye en sí mismo un crimen de guerra, así como desplazamientos forzados, torturas, asesinatos, apartheid y arrestos arbitrarios que se prolongan en el tiempo sin cargos ni juicio.