Primero tocó apretarse el cinturón y ahora seguir ajustándolo. Es lo que han convenido los ministros de Economía de la zona euro en una reunión del Eurogrupo en Bruselas en la que han establecido las directrices de la política fiscal para el próximo año. Una vez que los 27 han recuperado las reglas de la disciplina fiscal tras años de gasto expansivo para hacer frente a la crisis de la pandemia, primero, y de la guerra en Ucrania, después, los responsables de Finanzas de la eurozona son conscientes de que la mayoría de ellos tienen que hacer ajustes para reducir el déficit y la deuda, que según las normas de la UE tienen que estar en el 3% y el 60% del PIB, respectivamente.

El Tribunal Supremo acaba de fallar que el Estado puede obligar a las eléctricas a demoler sus presas al caducar la concesión, como establecía un decreto de 2012, aunque el permiso original no lo contemple. Así lo fija en un recurso de Endesa contra la resolución de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, del Ministerio de Transición Ecológica, que daba por terminada la concesión de la central hidráulica de Bembézar, en Córdoba, que databa de 1959, y en otro recurso de Iberdrola contra una presa en Teruel que data de 1929.

El fondo británico Zegona ha lanzado un ultimátum a los sindicatos de Vodafone en la recta final de la negociación de su ERE, que debe cerrarse este miércoles 17 de julio como muy tarde. La nueva dirección de la teleco ha propuesto rebajar un 25% los afectados por el despido colectivo (de 1.198 personas a 898) y les ofrece una indemnización de 33 días por año trabajado, con un límite de 24 mensualidades.

“Esto [el debate sobre la 'singularidad' en la financiación] empieza y termina en Catalunya”, ha asegurado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. En otras palabras: “La negociación de Catalunya empieza en Illa y acaba en Illa”, porque “quien tiene que comprometerse a votar a favor de la investidura [del candidato del PSC que ganó las últimas elecciones a la Generalitat] es ERC, no el Gobierno en funciones. La negociación es entre el PSC y ERC”.

El pasado 1 de julio, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones se reunión con los agentes del diálogo social para avanzar en la negociación sobre la reforma de la jubilación parcia. De aquel encuentro, Ejecutivo y sindicatos salieron con la firme intención de alcanzar un acuerdo antes de que finalizase el mes. Emplazados para dos semanas después, este lunes las organizaciones sindicales han mostrado serias dudas de que ese plazo se pueda cumplir.

El Ministerio de Hacienda ha decidido abrir la mano con los ayuntamientos al retirar la exigencia de lograr superávit presupuestario en 2025 y 2026. Hasta ahora, los objetivos de estabilidad eran más rígidos, con una senda que imponía a las entidades locales gastar un 0,1% menos de sus recursos disponibles el próximo año y un 0,2% el siguiente.

En este momento, “con la nueva senda el objetivo es de equilibrio presupuestario para todo el periodo 2025-2027, lo que supone para las entidades locales una décima más de margen [para gastar e invertir] en 2025 y dos décimas más de margen en 2026”, explica el Ministerio de Hacienda.

El Ministerio de Hacienda ha decidido abrir la mano con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos al retirar la exigencia de lograr superávit presupuestario en 2025 y 2026. Hasta ahora, los objetivos de estabilidad eran más rígidos, con una senda que imponía a las entidades locales gastar un 0,1% menos de sus recursos disponibles el próximo año y un 0,2% el siguiente, y a las Comunidades Autónomas un 0,1% en sendos ejercicios.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mostrado su intención de establecer, por ley, que el salario mínimo interprofesional sea el 60% del salario medio en España. “Queremos que quede incorporado a la norma y que no dependa de lo que decida un gobierno”, ha dicho en una entrevista en Expansión, publicada este lunes. Para ello, el ministerio convocará a la comisión de expertos a la vuelta del verano.

El Banco de España está a punto de empezar una nueva etapa. El Gobierno negocia con el Partido Popular (PP) los nombres de quienes sustituirán a Pablo Hernández de Cos, cuyo mandato acabó a principios de junio, y a Margarita Delgado, actualmente gobernadora en funciones pero cuyo cargo de subgobernadora caduca en septiembre. Las quinielas en el mundo de la economía y de los medios de comunicación han bullido durante semanas, pero solo un candidato ha transcendido: el ministro José Luis Escrivá.

Su perfil fue propuesto por el Ejecutivo de Pedro Sánchez y ha sido rechazado por el PP, que no lo considera independiente.

Hay varios asuntos en la agenda que el Gobierno quería dejar cerrados antes de agosto. Para entrar en la segunda parte del verano con algún cabo atado, diferentes ministerios habían apretado el acelerador en las negociaciones para dejar resuelta con los agentes sociales la reforma sobre la jubilación parcial, en el caso de Seguridad Social, o para desatascar la reducción de la jornada laboral, en el de Trabajo.