La presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), Cani Fernández, ha reclamado este jueves en el Congreso que se cubran ya las vacantes que tiene el consejo del organismo, que solo tiene cubiertos siete de sus diez puestos de consejeros y lleva más de un año con la vicepresidencia vacante.

Fernández ha comenzando su comparecencia en la Cámara Baja recordando “la importancia” de cubrir esas vacantes, incluida la vicepresidencia, pendiente más de un año tras el fallecimiento de Ángel Torres en agosto de 2023. Ha subrayado “la importancia de que los nombramientos se hagan en tiempo y forma”. Aunque el máximo órgano de la entidad hace todo lo posible para cumplir sus funciones “sin retrasos”, “la situación no debería prorrogarse mucho más en el tiempo”.

El consejo del organismo que vela por la libre competencia se compone por ley de diez miembros, pero actualmente solo hay siete consejeros en su puesto, incluyendo a la presidenta. Hay dos vocales con el mandato caducado desde septiembre de 2023: Bernardo Lorenzo y Xabier Ormaetxea. Y otras tres vacantes por cubrir, incluyendo la vicepresidencia.

La negativa del PP a pactar estos nombramientos es uno de los motivos que ha esgrimido el Gobierno para la designación del exministro José Luis Escrivá como nuevo gobernador del Banco de España sin consenso con el principal partido de la oposición.

Fernández ha arrancado con esta petición su comparecencia en la Comisión de Economía, Comercio y Transformación Digital del Congreso para exponer las líneas básicas de su actuación y sus planes y prioridades para el futuro. Respecto a la futura Comisión Nacional de la Energía (CNE), que va a arrebatar al organismo las competencias en esta materia que gestiona desde 2013, “es importante que la transición sea un ejemplo de colaboración institucional”.

Y sobre las nuevas funciones que atribuye el plan de regeneración del Gobierno presentado esta semana, por el que la CNMC será la responsable del futuro registro de medios de comunicación, ha señalado, sin conocer “el alcance y contenido de la propuesta”, que si el Congreso le da ese mandato “con los consiguientes cambios en la ley y en nuestra estructura, la CNMC ejercerá su función como hace con el resto”, con “la responsabilidad, el rigor técnico, la independencia y el compromiso que define a la institución”.

Respecto a la opa “hostil” de BBVA sobre Banco Sabadell, ha recordado que “sigue en fase de análisis”, todavía en lo que se denomina “primera fase”, para lo que en teoría hay un mes, periodo que se ha ido alargando por la sucesiva suspensión de ese plazo para obtener toda la información necesaria.

Fernández ha recordado que en una opa no pactada como esta “tenemos toda la información del notificante”, BBVA, pero no del opado. Y ha habido que realizar “reiterados” requerimientos de información al Sabadell y realizar ejercicios de comparabilidad de los datos suministrados. La CNMC todavía no ha decidido si la operación pasa a “segunda fase” para imponer posibles compromisos. “Hay que tener la necesaria paciencia, el necesario respeto al trabajo de los técnicos” para analizarla con “rigor”. Y ha recordado que luego el Gobierno puede modificar las condiciones que en su caso se impongan.

La presidenta de la CNMC ha reiterado la necesidad de modernizar el organigrama y los recursos del organismo. Ha subrayado que España es “prácticamente el único país” de la UE que no puede terminar las investigaciones con acuerdos transaccionales, un pacto o settlement, en el argot del sector, con una pequeña reducción de la multa que permite “liberar recursos” para investigar otros cárteles cuando ya está claro que se ha desarticulado uno.

En materia de Competencia, en 2023 la CNMC llevó a cabo “la cifra más alta de inspecciones desde 2019”, e impuso 215 millones de euros en multas, cifra que ya se ha duplicado en lo que va de 2023 con la reciente sanción récord de 413 millones que ha impuesto a Booking que, según Fernández, ha tenido un “impacto positivo” en el tejido empresarial en España.

En lo relativo a control de concentraciones, se ha aprobado “con unos plazos récord”, en primera fase (sin analizarla en profundidad y sin imponer compromisos como la venta de activos) el 88% de las operaciones notificadas, pese a la “complejidad” de algunas de ellas.

Fernández ha reconocido que “ya no tenemos tantas solicitudes de clemencia”, delatar la existencia de un cártel a cambio de descuentos o exenciones de multas para el infractor, porque las reclamaciones de daños y perjuicios a empresas que han sido sancionadas han hecho que muchas compañías que antes tenían “inmunidad” total se lo replanteen.

La presidenta de la CNMC ha señalado que el reto “más estratégico” del organismo es la supervisión de la economía digital. Esta cuestión “no es solo un área regulatoria, es una estrategia europea de primer nivel para proteger nuestra forma de vivir”, en un ámbito en el que, ha señalado, están en juego derechos tan importantes como la libertad de expresión e información, la libertad de mercado o la protección de los menores frente a adicciones. 

Entre los estudios que espera aprobar próximamente el organismo está uno sobre los obstáculos a la recarga de vehículos eléctricos, barreras de las pymes a su crecimiento (por ejemplo, en contratación pública), servicios en la nube, la no repercusión del impuesto a la banca a sus clientes y la remuneración de los depósitos por parte de las entidades financieras. Para 2025 espera elaborar otro sobre el mercado de la vivienda.

El organismo ya está utilizando inteligencia artificial para detectar posibles indicios de colusión en las licitaciones públicas y realizar actuaciones preventivas “con muy buenos resultados”. Fernández ha recordado la importancia de la competencia en la contratación pública, que puede llegar a suponer un 20% del PIB.