Trabajo y Economía acuerdan la reforma del subsidio de desempleo que se aprobará este martes

Acuerdo en el seno del Gobierno para aprobar la reforma del subsidio por desempleo este martes, según ha adelantado la Cadena Ser y confirman fuentes de Trabajo a elDiario.es. Tras intensas negociaciones entre Trabajo y Economía a lo largo de los últimos días, el departamento de Yolanda Díaz ha logrado el consenso dentro del Ejecutivo para sacar adelante la revisión del sistema asistencial de desempleo, que cubre a unas 800.000 personas.

La reforma del subsidio de paro forma parte del Plan europeo de Recuperación y Resiliencia y, aunque estaba prevista para finales de 2022, se acabó retrasando y quedó a la espera de la formación del nuevo gobierno tras las elecciones del 23J.

Con el inicio del nuevo Ejecutivo de coalición, de PSOE y Sumar, las tensiones entre Nadia Calviño y Yolanda Díaz volvieron a estallar a propósito de esta regulación.

Mientras en Trabajo proponían una reforma que ampliaba la protección del actual sistema, en línea con lo pactado con Bruselas, en Economía planteaban reducir su cuantía y duración, "recortes" contra los que se rebeló el Ministerio de Yolanda Díaz. La reforma que se aprobará este martes no incluirá "recortes", subrayan desde Trabajo.

De inicio, una de las medidas relevantes es que se elimina el mes de espera entre el cobro de la prestación y la percepción del subsidio. Se trata de un vacío de cobertura que dejaba a las personas desempleadas un mes sin ingresos.

Además, aumentan los beneficiarios, como anunció Trabajo. "Se incorpora a la protección a las personas desempleadas menores de 45 años sin cargas familiares", que ya había sido confirmado en algunas declaraciones por el presidente Sánchez, y además podrán percibirlo "los eventuales agrarios" del conjunto del país (no solo Andalucía y Extremadura) y "las personas trabajadoras transfronterizas de Ceuta y Melilla".

La reforma amplía la cuantía del subsidio, aunque no tanto como planteó Yolanda Díaz. Trabajo propuso incrementar la ayuda, hoy en 480 euros al mes (el 80% el IPREM), hasta los 660 euros mensuales. En Economía insistían en la necesidad de un subsidio decreciente en el tiempo, para incentivar la vuelta al empleo, con cifras que se iban por debajo del nivel actual, hasta los 300 euros al mes.

Finalmente, el decreto que se aprobará este martes aumenta algo la cuantía y decrece en los meses de percepción, pero sin recortes respecto al nivel actual. Comenzará con 570 euros al mes en un inicio, durante los primeros seis meses, cuando pasará a los 540 euros en los siguientes seis meses y se mantiene en los 480 euros actuales el resto de duración de la prestación.

Estas cuantías no son fijas, sino que dependerán de cuánto marque el IPREM, hoy en 600 euros mensuales. Así, el subsidio será del 95% del IPREM los primeros seis meses, luego pasará al 90% y por último se mantendrá en el 80% del indicador.

Otra de las novedades más relevantes de la reforma es que se podrá compatibilizar el cobro del subsidio y un salario si se encuentra un empleo, una medida contenida en el acuerdo de gobierno entre PSOE y Sumar. En este punto, Trabajo planteó un periodo de compatibilidad de 45 días y en Economía exigían que fuera más amplio.

Finalmente, las dos partes del Gobierno han acordado regular "la compatibilidad entre percibir el subsidio y el empleo hasta 180 días como fórmula para facilitar la transición al mercado de trabajo de las personas desempleadas", indican en Trabajo.

La norma que se aprobará este martes consiste en un decreto laboral con otras dos medidas laborales pendientes fruto de transposiciones de directivas europeas.

La primera: se generaliza el permiso de lactancia a un máximo de 28 días, con el objetivo de universalizar el derecho a acumular el periodo de lactancia. Hasta ahora, este podía acumularse en jornadas completas, pero "en los términos previstos en la negociación colectiva o en el acuerdo a que llegue con la empresa".

Así, esta norma lo convierte en un derecho de todas las personas trabajadoras. Esta medida está prevista para la transposición de la directiva de conciliación, sobre la que Bruselas ha llevado a España ante la justicia europea.

En segundo lugar, también se incluye en el mismo decreto la transposición de la directiva de condiciones de trabajo transparentes y previsibles de trabajo.