El juicio contra Iberdrola por supuesta manipulación del mercado de la electricidad encara su recta final en la Audiencia Nacional tras más de un mes de interrogatorios a acusados, testigos y peritos. Acusaciones y defensas deben presentar sus escritos de conclusiones definitivas antes de que el proceso quede visto para sentencia. La Fiscalía Anticorrupción expuso este martes las suyas, en las que mantuvo que la compañía infló “sin causa legítima ni justificada” el precio de la luz entre el 29 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013  y, con ello, “perjudicó” a los consumidores y otros agentes del mercado.

El fiscal anticorrupción Antonio Romeral mantuvo la petición de dos años de prisión e inhabilitación para cuatro de sus directivos, a los que señaló como quienes “tomaban las decisiones de forma autónoma respecto a los administradores de la compañía”. Respecto a Iberdrola Generación, el fiscal destacó su “dejación” y “falta de control” respecto a la actuación de esos altos directivos. No obstante, la solicitud de multa inicial de 84,9 millones de euros para Iberdrola quedó rebajada a 5,4 millones de euros. En su exposición, el fiscal explicó que su escrito de acusación inicial no tuvo en cuenta la redacción que tenía en el momento de los hechos el artículo 281 del Código Penal, que fue reformado posteriormente para ampliar la responsabilidad de las personas jurídicas. 

Durante más de hora y media, el representante del Ministerio Público trató de apuntalar su acusación, que defiende que la compañía llevó a cabo “un ardid o maquinación” que provocó un “incremento injustificado” de un “bien de primera necesidad” como es la energía eléctrica. Esa maniobra consistió supuestamente en subir de manera artificial los precios ofertados por las centrales hidroeléctricas de Duero, Sil y Tajo, propiedad de Iberdrola, para que buena parte de su energía se quedase fuera de la casación del mercado diario en favor de otras centrales más caras, como el gas. 

Romeral, ‘número dos’ de Anticorrupción, trató de revertir una de las principales líneas de defensa de los acusados: que fue la “sequía persistente” y la previsión de falta de lluvias lo que les aconsejaba “guardar” el agua de sus embalses y no sacarla al mercado. Es una tesis que el fiscal considera “injustificada”, pues al empezar diciembre las reservas de agua acumuladas en los embalses de la compañía eran “superiores” a las del mismo período de 2012 y “parejas” a las de 2011. A pesar de la existencia de esas reservas, el nivel de producción “se baja sin causa justificada”, afirmó el fiscal. “Podemos dar las vueltas que sea, pero no está justificada este nivel de producción”, amplió. 

El incremento de los precios se produjo después de que las empresas del sector constataran que el Estado finalmente no pondría los 3.600 millones de euros del déficit de tarifa que habría de cubrirse antes del siguiente 1 de enero. También coincidió con las semanas previas a la subasta de electricidad con la que hasta entonces se fijaba la tarifa doméstica (actualmente conocida como PVPC). Esa subasta fue finalmente suspendida por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) “ante la concurrencia de circunstancias atípicas en el desarrollo de la misma y en un contexto de precios elevados en el mercado diario durante las semanas previas”. 

Es una circunstancia por la que el fiscal pasó de puntillas en su exposición. Romeral recordó que, durante el procedimiento, se enmarcó esa subida de los precios “en un posible enfrentamiento con el Gobierno” e incluso como una suerte de “venganza” ante la decisión del Ejecutivo que entonces dirigía Mariano Rajoy. El fiscal, no obstante, se limitó a afirmar que sí considera “posible” que Iberdrola actuara en este caso con el objetivo de “influir en la economía y presionar al Gobierno”. 

Durante cinco semanas han han desfilado por la sala de vistas ubicada en la última planta del edificio que la Audiencia Nacional tiene en San Fernando de Henares (Madrid) más de una decena de directivos de la compañía —entre acusados y testigos—, representantes de comercializadoras de electricidad, trabajadores del sector y peritos especializados. También compareció como testigo el que fuera ministro de Industria durante el periodo investigado, José Manuel Soria. En su intervención, reconoció que el precio tuvo un precio “inusual” durante el tarifazo de 2013. Una sospecha de que “algo raro” estaba pasando que les llevó a solicitar una investigación a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). 

Un primer informe, del 20 de diciembre, el regulador constató la existencia de “circunstancias atípicas” y anuló la subasta de electricidad de la que debía salir el precio a pagar por los consumidores en el siguiente trimestre. Dos años después, en noviembre de 2015, el regulador acabó determinando que la eléctrica había manipulado el mercado y le impuso por ello una multa de 25 millones de euros. La sanción, que está suspendida a la espera de cómo termine el procedimiento penal, fue por una práctica fraudulenta que tuvo un impacto estimado en el mercado eléctrico de unos 105 millones, según el regulador.

Las conclusiones de ese informe sustentan parte de la acusación contra Iberdrola por un presunto delito contra el mercado y los consumidores por el que, una década después, se han sentado en el banquillo una de las antiguas filiales del grupo Iberdrola, Iberdrola Generación, y cuatro de sus altos cargos. 

Precisamente una de las sesiones más relevantes del juicio fue la comparecencia de los técnicos de la CNMC, así como las de los peritos de las defensas. Ambos expusieron visiones totalmente opuestas, informa Europa Press. Los primeros defendieron que no encontraron "justificación lógica" a la conducta de Iberdrola en 2013. Los segundos, sin embargo, defendieron que la compañía actuó de forma "coherente" porque procuró ahorrar agua embalsada pensando en el futuro dado que se esperaba un incremento del precio del gas, por lo que en realidad buscó "el beneficio" de los consumidores.

Durante los interrogatorios, los acusados también se esforzaron en acotar la incidencia del factor humano en el sistema de fijación de precios. Lo hicieron con alusiones a complejos “modelos matemáticos” y “protocolos de actuación” que tienen en cuenta una diversidad de variables y previsiones meteorológicas. Y tanto ellos como los directivos que comparecieron como testigos evitaron señalar a ningún alto cargo en concreto como el responsable último de dar el ‘sí’ definitivo a las ofertas. Mucho menos a la cúpula de la compañía, a la que situaron al margen de las decisiones “ejecutivas”.