Carlos Torres, presidente de BBVA, ha comparecido este lunes como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga los posibles delitos que encierra la relación entre la segunda entidad financiera del país y el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Según fuentes conocedoras del contenido de la declaración, el directivo se ha desvinculado de esos contratos y ha afirmado que sólo tuvo conocimiento de los mismos a partir de “junio o julio” de 2018 a pesar de que las primeras informaciones en prensa aparecieron publicadas en mayo de ese año y de que era consejero delegado desde 2015.

La pieza 9 del caso Villarejo o Tándem, como se bautizó a la operación policial, está dedicada a investigar el supuesto encargo que hizo el BBVA a Cenyt, una de las empresas de Villarejo, para que espiara a empresarios, políticos y periodistas. El instructor del caso, Manuel García Castellón, cifra en 10,2 millones los pagos bajo sospecha de la segunda entidad bancaria del país al comisario jubilado.

Esa pieza fue abierta en secreto en diciembre de 2018. Desde entonces, altos ejecutivos y exdirectivos como el propio González han sido imputados. La entidad también tiene la condición de investigada desde julio de 2019. Meses después, en diciembre de 2019, el representante legal de la entidad, Adolfo Fraguas, reconoció en la Audiencia Nacional la existencia de pagos del BBVA a Cenyt hasta diciembre de 2017. Es decir, hasta un mes después de que el comisario fuera encarcelado acusado de liderar una organización criminal que obtenía millones de euros de vender a la élite del país dossieres que elaboraba con datos confidenciales. 

Es la primera vez que Torres comparece ante el juez, que atendió la petición de la Fiscalía Anticorrupción de citarle como testigo. En el auto en que el acordaba esta comparecencia, García Castellón consideró “especialmente relevante” conocer si funcionaron los mecanismos de control corporativo con el objetivo de “determinar la existencia de una efectiva cultura de cumplimiento normativo” y esclarecer así la “responsabilidad penal” del BBVA. 

Ante el juez, Torres ha precisado que un primer momento tras estallar el escándalo el departamento de auditoría interna inició una investigación, si bien desde enero de 2019 todo quedó en manos de los “investigadores independientes externos": el despacho Cuatrecasas y la consultora PwC, que fue la encargada de realizar el 'forensic' sobre la actuación del banco en el caso.

La declaración de Torres se acordó después de que la directora jurídica del BBVA, María Jesús Arribas, fuera llamada como testigo por su supuesto conocimiento sobre la contratación de Villarejo por parte de la entidad y se negara a declarar. Esta directiva defendió que le amparaba el derecho al secreto profesional porque es, a su vez, abogada de la entidad.