Una macrooperación por fraude alimentario en España interviene 67.000 litros de aceite y 48.000 kilos de jamones

La Guardia Civil ha intervenido miles de kilos de productos de origen cárnico como embutidos y jamones, pescados y mariscos, y miles de litros de aceite en el marco de una macroperación internacional contra el fraude alimentario. Los agentes han detenido ya a 13 personas y otras 87 están siendo investigadas, mientras se suman ya más de 2.000 inspecciones en centros de distribución, almacenes, medios de transporte, puertos y aeropuertos del territorio nacional.

La operación OPSON XII contra el fraude alimentario se trata de una macroperación coordinada por EUROPOL y centrada en el control de bebidas alcohólicas y del aceite de oliva, además de la protección de la Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) y de las Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP).

Entre las infracciones penales, según han explicado desde la Guardia Civil este miércoles en un comunicado hay varios 'modus operandi' que van desde la falsificación de documentos para la importación de productos deficientes o que incumplen los requisitos legales existentes en España, hasta la falsificación de efectos timbrados o precintos de los propios envases. Además, el SEPRONA ha detectado hasta 1.294 infracciones administrativas.

En nuestro territorio se han llevado a cabo numerosas operaciones. Los puntos donde se han encontrado estos productos fraudulentos por el momento son:

Durante la operación han participado un total de 25 países, 18 de los cuales estados miembros de la Unión Europea y siete son europeos, y entre todos ellos se han emitido hasta 143 órdenes de detención y se han llevado a cabo 168 registros. Además, un total de 119 personas han sido denunciadas y se ha logrado desarticular seis organizaciones delictivas.

Todo ello con el apoyo de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea (DG SANTE), la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea (DG AGRI) y la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO), así como las autoridades reguladoras alimentarias nacionales y socios del sector privado.