La normativa vigente en España fija unos límites de temperatura en los locales de trabajo para procurar el bienestar de las personas que allí desarrollan su labor. Esta legislación, en el caso de climatización de recintos cerrados, se distingue entre trabajos ligeros con dinámica de movimiento y carga o desplazamiento de peso, y trabajos sedentarios o de oficina. Para el verano, en el primer caso se establece que la temperatura no sobrepase los 25 grados centígrados. Y en oficinas, el máximo queda fijado en 27 grados.

Por su parte, la Directiva Europea relativa a la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes químicos, biológicos y físicos durante el trabajo, establece que las empresas deben adoptar las medidas necesarias para garantizar que la temperatura del aire en el lugar de trabajo no exceda los 32 grados.

Los límites de la normativa española no se han cumplido en los cinco centros especiales de empleo, en los que trabajan más de 400 personas con discapacidad, que el Grupo Ilunion Servicios Industriales S.L. y la Fundación ONCE tienen en la provincia de Guadalajara. Así lo ha denunciado ante la Fiscalía de Siniestralidad Laboral el sindicato CCOO. Según apunta el Comité de Empresa en su denuncia a la Fiscalía, esta compañía, con más de 30 años de trayectoria, mantiene a sus trabajadores y trabajadoras en “condiciones de trabajo manifiestamente ilegales”.

Concretamente, señala a los centros especiales de empleo ubicados en Cabanillas del Campo, Quer y Guadalajara capital.

Los centros especiales de empleo son empresas cuyo objetivo principal es el de proporcionar a los trabajadores con discapacidad la realización de un trabajo productivo y remunerado, adecuado a sus características personales y que facilite la integración laboral de estos en el mercado ordinario de trabajo. Los pueden crear las administraciones públicas directamente o en colaboración con otros organismos, pero también tienen su origen en entidades, empresas con o sin ánimo de lucro.

En el caso de estos cinco centros de Guadalajara, los denunciantes aportan en su escrito las mediciones de las temperaturas realizadas en los mencionados centros de trabajo los pasados 28 y 29 de junio y 27 y 28 de julio. Las realizó la empresa especializada Ibersys por encargo de Ilunion. En todos los casos “superaron las legalmente establecidas”, cerca de los 30 grados. Y en agosto, añade el sindicato, se alcanzaron los 35 grados en los puestos de trabajo. Argumentan asimismo que la empresa realiza las mediciones considerando el trabajo sedentario cuando el personal “tiene que moverse de un lado a otro”.

Señalan además que ya se han registrado este verano varios accidentes por golpes de calor y piden al Ministerio Fiscal que instruya las diligencias oportunas para el esclarecimiento de los hechos y la paralización o cese de los actos empresariales “que pudieran ser constitutivos de infracción”. También piden determinar el alcance de las responsabilidades penales derivadas de los hechos denunciados.

La presidenta del Comité de Empresa de Ilunion-Cabanillas del Campo, Teresa Sánchez, detalla a elDiarioclm.es que la Inspección de Trabajo ya ha iniciado la apertura de "actas de infracción” y no ha obtenido de la empresa denunciada “una justificación de la no adopción de medidas para impedir la situación de riesgo”.

De hecho, la representante sindical explica que la empresa encargada por Ilunion de medir las condiciones de humedad y temperatura en sus centros de trabajo subrayaba en sus informes que en el plazo de un mes se debían instalar en todos ellos “ventiladores nebulizadores para bajar la temperatura”. Advertía de que en caso de que dichas condiciones ambientales no mejoraran notoriamente, debían colocarse equipos portátiles de climatización de aire acondicionado”.

“Ilunion no ha hecho ni lo uno ni lo otro en los mencionados cinco centros especiales de empleo, donde las personas con discapacidad que no están ahora de vacaciones afrontan esta semana, en plena ola de calor, temperaturas aún más elevadas que las registradas en las evaluaciones realizadas en los mencionados días de junio y julio”.

Esta empresa ya se vio obligada a atender el requerimiento de enero de 2021 de la Inspección de Trabajo para “subsanar de inmediato” las condiciones ambientales “y en particular termo higrométricas” en otro de su centro de trabajo de Guadalajara, el de Manchalan. “Se le dio de plazo una semana para planificar la instalación de un sistema de climatización capaz de conseguir en verano e invierno las temperaturas recogidas en la normativa; y seis meses para completarlo. Pero Ilunion tardó más de año y medio en cumplir el requerimiento.

"Y ahora, cuando este centro ya dispone de climatización, la empresa no la pone en marcha para ahorrar”, destaca Teresa Sánchez y así lo recoge el Comité en su denuncia a la Fiscalía. De hecho, hace poco más de un año, el sindicato ya hizo público que la Fundación ONCE mantenía a 100 personas con discapacidad trabajando con temperaturas de 37 grados en el centro especial de empleo de Cabanillas del Campo (Guadalajara).

La redacción de elDiarioclm.es ha contactado con la Fundación ONCE para conocer y contrastar los hechos incluidos de la denuncia. Esta entidad ha remitido a Ilunion para la realización de las valoraciones. Al cierre de esta información, no ha habido respuesta a la petición por escrito realizada a la empresa con este objetivo.

En CCOO consideran “especialmente grave” no solo que la situación se haya extendido a todos los centros de empleo en la provincia, sin que la práctica totalidad de las personas afectadas tienen algún tipo de discapacidad, en muchos casos con dificultades incluso para “ser conscientes del riesgo al que se les somete” al trabajar con temperaturas varios grados por encima de las legalmente permitidas.

“Tales extremos”, concluyen los delegados de prevención de Ilunion en su denuncia ante la Fiscalía especializada en materia de siniestralidad laboral de Guadalajara, ponen de manifiesto la existencia de un “grave riesgo para la salud de los trabajadores y, por tanto, la posibilidad de que se hayan cometido delitos contra los derechos de los trabajadores”. “No cesaremos hasta conseguir que todo el personal de Ilunion-Guadalajara trabaje en las condiciones legales. Y más tratándose de personas especialmente sensibles”, concluye por su parte Teresa Sánchez.

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