También, gestores culturales como los directores del FIT de Cádiz Miguel Oyarzun e Isla Aguilar, el director del Teatre Lliure Juan Carlos Martel Bayod o el director artístico de la Bienal de Flamenco de Sevilla, Chema Blanco. Directores de escena como Carlota Ferrer, Alberto Velasco, Roger Bernat o María Velasco, así como otros dramaturgos, productores, políticos, trabajadores y gestores culturales.
"No se trata simplemente de si al dramaturgo le han cancelado o no una obra. Lo importante es entender cómo se ha producido la supresión de su obra de la programación de los Teatros del Canal, qué fuerzas han intervenido para que eso sucediera y a qué se deben las pobres explicaciones que la Consejería de Cultura y Blanca Li, directora artística de los teatros, han dado a la ciudadanía", indica el texto. La obra Muero porque no muero, un monólogo protagonizado por una Santa Teresa de Jesús que renace en el mundo actual, fue retirada de la programación de los teatros públicos madrileños tan solo unos días antes de la presentación y a pesar de que había sido apalabrada. El Gobierno de Madrid indicó que las razones eran de "desequilibrio presupuestario" pero tanto el dramaturgo como la oposición política pusieron esta versión en cuestión.
La semana pasada, en una rueda de prensa, Blanca Li rompió un silencio de más de cinco meses. Lo hizo acompañada de Mariano de Paco, director de gestión de los Teatros del Canal. En ella, dieron explicaciones sobre la retirada de la obra. "Explicaciones que llegan muy tarde", dice la carta. Ambos justificaron la retirada exponiendo unos gastos extra de los que hasta ahora no se había hablado y que elevaban el coste total de la producción en torno a los 70.000 euros, lo que motivó la exclusión de la producción, a pesar de que estuviera apalabrada y seleccionada por la red europea de teatros Prospero para girar por diferentes países y emitirse en el canal ARTE. "Detalles sobre la producción de la obra que nunca hicieron públicos durante todo este tiempo. Detalles que nunca explicó Marta Rivera de la Cruz en el pleno de la Asamblea ni tampoco su director general de promoción cultural, Gonzalo Cabrera, en la Comisión de Cultura del Gobierno regional. Si las razones estaban de su parte y eran solo presupuestarias, ¿por qué no las compartieron hace seis meses?". Se pregunta el escrito.
"Blanca Li también defendió y aceptó con naturalidad que cuatro cargos políticos decidieran sobre su programación y esa normalización de la injerencia política nos parece gravísima y muy preocupante. Que ella la acepte no significa que la aceptemos nosotrxs", dice el manifiesto.
"Cuando los gobernantes eligen a los directorxs artísticos, delegan en ellxs el diseño de la programación" de los espacios culturales, afirma el texto, por lo que "no trabajan para ellxs mismxs, sino para los ciudadanos", recuerdan. "Deben trabajar con libertad", añaden. "Necesitamos gestores culturales que trabajen con independencia de los intereses ideológicos o partidistas de quienes les han designado. Contar con herramientas y garantías legales que protejan su trabajo es fundamental para el buen funcionamiento democrático de nuestras instituciones culturales", señalan. Por otro lado, también piden que las direcciones artísticas "defiendan a los artistas que programan frente a la injerencia de las administraciones".
Para finalizar, los firmantes temen que la "autocensura se implante en las mentes y los modos de trabajo de la cultura de este país".
