La Fiscalía Anticorrupción solicitaba penas que iban desde los dos años a los doce años y medio de cárcel por delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad de documento mercantil y asociación ilícita.
En la sentencia, la Sección Segunda de la Sala Penal afirma que las decisiones de contratación entre Microgénesis, la SGAE y la SDAE eran conocidas por la entidad, estaban aprobadas en los presupuestos, la SGAE era beneficiaria de ellos y se trataba de productos "absolutamente imprescindibles para el correcto funcionamiento de la SGAE". La Sala tampoco encuentra apropiación indebida pues "los fondos de las SGAE, transferidos a la SDAE, se utilizaron para la adquisición y pago de los servicios acordados" y que esos servicios se prestaron "bajo unos precios usuales de mercado". Mediante estas contrataciones, SGAE contó con una serie de productos, como Teseo o la web Portal Latino que, según la sentencia "eran básicos para la gestión de la Sociedad y la promoción del repertorio".
El escrito recalca que tanto Bautista como Neri no se extralimitaron en sus facultades e informaron a los Consejeros y los órganos competentes de sus actuaciones. De hecho, la propia SGAE ya había retirado primero la acusación penal y después la civil al no sentirse perjudicada por estos hechos. Y "si no hay perjuicio, no hay delito", dice la sentencia.
Respecto a los otros dos delitos de los que se les ocusaba, el de falsedad documental, tampoco se ha probado ninguna relativa a los registros contables ni de las empresas ni de la Sociedad. Aunque el Tribunal sí ha observado la falsedad (ha sido "burdamente falsificada", dice el escrito) de un acta aportada por la SGAE en el juzgado de una reunión del Consejo de Administración de la SDAE, que la Fiscalía utilizó como prueba y sobre la que basó su tesis acusatoria. Este acta pretendía probar una "confabulación" entre SGAE, SDAE y Microgénesis.
En cuanto al último delito, asociación ilícita, decae por falta de prueba, entendiendo el tribunal que era más "una fórmula de estilo que un contenido material" de la acusación pública hacia Rodríguez Neri y siete acusados más, algunos de ellos miembros de su familia.
