El Gobierno del presidente Daniel Ortega propuso una reforma a la Ley de Estabilidad Energética en Nicaragua en la que autoriza a las distribuidoras de energía a reclamar vía títulos no judiciales de ejecución a los clientes en mora.
La iniciativa de Ley, presentada este lunes ante el plenario de la Asamblea Nacional (Parlamento), también propone sancionar a los usuarios o técnicos que comentan fraude eléctrico.
La Junta Directiva remitió esa iniciativa a la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, dominada por el oficialismo, para su análisis.
Según el Ejecutivo, la reforma a esa Ley busca promover el uso lícito del servicio público de energía eléctrica, mediante la prevención y sanción de conductas que atenten contra el desarrollo y la estabilidad de ese servicio a la población.
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