Un grupo de 68 empleados mexicanos de la Disney Cruise Line fueron desembarcados este jueves en la isla mexicana de Cozumel tras permanecer en altamar desde el pasado 13 de abril debido a la pandemia de coronavirus.

Las autoridades mexicanas aprobaron el desembarco al confirmarse que los empleados que mostraban síntomas de la COVID-19, confirmaron la titular de Salud del estado de Quintana Roo, Alejandra Aguirre Crespo, y el alcalde de Cozumel, Pedro Joaquín Delbouis.

El personal de Sanidad Internacional del muelle de Cozumel llevó a cabo los protocolos correspondientes, la toma de temperatura, cuestionarios y revisión migratoria y aduanal, antes de que abordaran el barco que los trasladó a Playa del Carmen, en territorio continental.

La petrolera Petrobras, mayor empresa de Brasil, sufrió en el primer trimestre de 2020 pérdidas por 48.523 millones de reales (8.366 millones de dólares al cambio actual), un valor muy superior a su beneficio neto récord en todo 2019, informó la compañía en el balance que divulgó este jueves.

La petrolera había obtenido en 2019 un beneficio de 40.137 millones de reales (unos 6.920,2 millones de dólares), el mayor en su historia, que se esfumó en los tres primeros meses de este año por el desplome de los precios del petróleo y la crisis generada por la pandemia del COVID-19.

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) dijo este jueves que está trabajando con los principales países de Latinoamérica para trazar planes para la reapertura del sector y cifró en 18.000 millones de dólares las pérdidas que el COVID-19 supondrá para las aerolíneas de la región en el primer semestre del año.

El vicepresidente de la organización para las Américas, Peter Cerdá, también señaló hoy durante una conferencia telefónica con medios de comunicación que prevé que el sector aéreo se recuperará dos años más tarde que el producto interior bruto (PIB) y que hasta el año 2023 no se volverá a los niveles de 2019.

El Banco Central de Brasil le pidió a la Casa de la Moneda que anticipe la impresión de 9.000 millones de reales (unos 1.525 millones de dólares), ya que la falta de liquidez le impide al Gobierno pagar los subsidios concedidos a los menos favorecidos para enfrentar la pandemia del COVID-19.

"La petición tiene como objetivo construir reservas de seguridad y mitigar cualquier consecuencia del fenómeno de acaparamiento que se ha observado desde el comienzo de la pandemia", explicó este jueves el emisor en una nota.

La crisis causada por el COVID-19 llevó a parte de la población a guardar el dinero que debería estar circulante en Brasil, explicó la entidad.

La inflación en Argentina desaceleró su marcha en abril pasado en medio de las medidas de aislamiento obligatorio para hacer frente a la pandemia de COVID-19, pero los expertos prevén que vuelva a tomar impulso en los próximos meses.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó este jueves que los precios al consumidor en Argentina registraron en abril pasado un alza interanual del 45,6 % y un avance del 1,5 % respecto de marzo, mientras que en el primer cuatrimestre acumularon un incremento del 9,4 %.

La subida de un 1,5 % en comparación con marzo es el registro más bajo desde noviembre de 2017 y representa una notable desaceleración respecto al alza del 3,3 % que se había verificado en el tercer mes del año.

El partido FARC se retiró este jueves de una reunión de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación de los Acuerdos de Paz (CSIVI), en rechazo a la inclusión de Cuba en la lista de países que no cooperan contra el terrorismo elaborada por el Departamento de Estado de EE.UU.

"En la mañana de hoy 14 de mayo la delegación CSIVI FARC se vio obligada a suspender la reunión que se desarrollaba con el Gobierno colombiano. Esto se debe a que el Departamento de Estado de los Estados Unidos colocó nuevamente a Cuba como país que no colabora en la lucha contra el terrorismo", dijo en un video el delegado de la antigua guerrilla ante la Comisión, Rodrigo Granda.

Una empresa holandesa como principal fuente de financiación y socio único y 3,4 millones de euros en créditos concedidos por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2015. Son algunos rasgos distintivos de Be Mate Community SA, la deficitaria firma que centraliza el negocio de alquiler de apartamentos de Room Mate, la cadena hotelera de Kike Sarasola, el empresario que ha cedido dos pisos de lujo en el centro de Madrid a la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, a cambio de un módico alquiler de 80 euros al día.

Domiciliada en Madrid, esta empresa figura en los registros de la Oficina de Patentes y Marcas como la propietaria de la marca Be Mate, que desarrolla el negocio de alquiler turístico de la cadena Room Mate, que no ha querido atender a eldiario.es.

"Puede ser revolucionario. O no", afirmó Donald Trump el pasado 19 de marzo sobre el uso de una medicina contra la malaria para tratar la COVID-19. A pesar de las incertidumbres, el presidente afirmó que estaba trabajando para que el medicamento estuviese disponible "de inmediato". "Puede que funcione o puede que no, pero tengo buenas sensaciones. Son solo eso, sensaciones. Ya sabe, soy un tipo listo". "Si las cosas no transcurren tal y como están planeadas, no va a matar a nadie", añadió.

De puertas adentro, los expertos sanitarios del Gobierno llevaban semanas discutiendo el uso de los dos medicamentos en cuestión, la hidroxicloroquina y la cloroquina.

La pérdida de seres queridos por la enfermedad, las consecuencias del aislamiento físico, el miedo a contagiarse, el efecto de semanas sin ver a la familia y los amigos, la angustia por los problemas económicos, la preocupación debido a la incertidumbre y la desinformación. Naciones Unidas ha alertado este jueves de que, si no se toman medidas, los países pueden asistir a una crisis de salud mental a causa de la pandemia de coronavirus. "La salud mental debe estar al frente y en el centro de la respuesta y la recuperación de todos los países. El bienestar de sociedades enteras se ha visto severamente impactado por esta crisis y son una prioridad que tiene que abordarse con urgencia", insiste la ONU.

Sergio Moro, quien fuera juez del caso Lava Jato, la mayor operación contra la corrupción en la historia de Brasil, abandonó este 24 de abril su cargo al frente del Ministerio de Justicia clamando por la independencia de la Policía Federal. Pero un análisis de sus 16 meses en el Ministerio muestra una inclinación muy diferente con respecto a la influencia del FBI en la Policía brasileña.

Varios meses de investigación de Agência Pública en documentos oficiales han revelado que, al asumir su responsabilidad como Ministro de Justicia y Seguridad Pública, Moro y el exdirector de la Policía Federal firmaron acuerdos con el FBI que amplían la influencia estadounidense en diferentes áreas de la lucha contra el delito, incluyendo la presencia de agentes extranjeros en un centro de inteligencia en la frontera, investigaciones sobre corrupción y acceso a datos biométricos brasileños.