Atrás han quedado los tiempos en los que Bruselas levantaba la mano con Francia porque era Francia. Fue la justificación que empleó en 2016 el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para dar libertad de acción fiscal a París, pese a su desviación en las cuentas públicas. Han pasado ocho años, se ha superado una crisis financiera y se ha atravesado una pandemia que llevó a la UE a activar una cláusula de escape de la disciplina fiscal a la que obligan sus tratados para mantener unas cuentas públicas saneadas con máximos de déficit y deuda del 3% y el 60% del PIB, respectivamente.
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