El Gobierno de Japón ha anunciado este viernes que el vertido al mar del agua contaminada y tratada que se acumula en la central nuclear de Fukushima tendrá lugar entre la próxima primavera y el verano, a pesar de la oposición de los pescadores locales.

El Ejecutivo ha aprobado este viernes un plan revisado para el vertido, que también incluye compensaciones para la industria pesquera que podría verse afectada por la medida, contra la cual también han protestado países vecinos como Corea del Sur y China.

El Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) se encuentra supervisando el plan nipón para verter el agua una vez esta es procesada para retirar la mayor parte de los elementos radiactivos, y la semana que viene enviará una misión a Japón -la cuarta de este tipo- para analizar los preparativos sobre el terreno.

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha afirmado este jueves que miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas fueron conniventes con los bolsonaristas radicales que asaltaron el domingo las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema de Brasil.

"Quiero ver los vídeos grabados dentro del Tribunal Supremo, dentro del Palacio (presidencial de Planalto). Hubo mucha gente connivente. Hubo muchos miembros de la Policía conniventes, muchos miembros de la Fuerzas Armadas aquí dentro conniventes", ha dicho el líder progresista en un desayuno con periodistas.

Constantino II, hermano menor de la reina Sofía y último rey de Grecia, falleció este martes a los 82 años en una clínica privada de Atenas casi una década después de regresar a su país natal tras 46 años en el exilio. Felipe VI y Letizia acudirán al funeral, que se celebrará el lunes en Atenas y al que también asistirá la reina Sofía, hermana del fallecido y, probablemente, Juan Carlos.

Constantino II y su esposa Ana María habían sido expulsados del país tras la caída de la Junta de los Coroneles en 1974, que dio fin a un breve reinado de siete años, y no regresaron a Grecia hasta 2013.

Las grandes manifestaciones convocadas por la extrema derecha en las principales ciudades de Brasil para este miércoles no tuvieron lugar, después de que la Justicia advirtiera que tomaría acciones legales contra quien intente seguir promoviendo un golpe de Estado.

A la hora de la convocatoria, la avenida Paulista de Sao Paulo y la playa de Copacabana de Río de Janeiro estaban desiertas, mientras que a la Explanada de los Ministerios de Brasilia solo acudieron dos bolsonaristas, que se sentaron en el suelo frente a los numerosos blindados desplegados por la Policía.

El emplazamiento ya mandaba un mensaje claro. A pesar de contar con la presencia de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, y de Charles Michel, presidente del Consejo Europeo, la presentación de la Declaración Conjunta sobre Cooperación UE-OTAN se llevó a cabo el pasado día 10 en la sede de la OTAN, con Jens Stoltenberg como anfitrión. Una forma más de visibilizar quién lleva la voz cantante en lo que se suele presentar como una asociación estratégica que, en realidad, apenas esconde la subordinación europea a Washington.

En principio, la declaración podría verse como una más de las que ambas instituciones han firmado desde diciembre de 2002 para sumar fuerzas y atender a retos y amenazas compartidos.

Los comercios empiezan a desperezarse y ya hace rato que en los bares se sirve café en las avenidas principales de Tatuapé, un barrio de clase media situado en el este de Sao Paulo. Aquí, las casas de una planta con fachadas coloreadas y marañas de cables de tendido eléctrico descansan bajo la sombra cercana de rascacielos residenciales. Con 168 metros de altura, en este barrio está construido el edificio residencial más alto de toda la ciudad. 

Encajonado entre el río Tieté y la avenida Salim Farah Maluf, una de las arterias principales de Sao Paulo, Tatuapé ostenta el título de haberse convertido en el barrio más bolsonarista de la ciudad después de que en las pasadas elecciones el 59,06% de los votos fuesen a parar al rival del actual presidente, Lula Da Silva.

9 de diciembre de 2022. El mundial de Qatar se acerca a la fase decisiva con los cuartos de final. La mayoría de países occidentales miran hacia otro lado por la celebración del campeonato en un país del que dependen energéticamente, pero que incumple derechos humanos. La sensación es que pase cuanto antes para que la polémica se disipe. Pero ocurre todo lo contrario: las autoridades belgas dan un golpe judicial al corazón político de la UE al detener a varias personas involucradas en una trama de corrupción vinculada directamente con ese país.

El Gobierno brasileño ha decidido reforzar la seguridad en todo el país ante las informaciones de que los grupos de bolsonaristas más radicales han convocado a nuevas manifestaciones para este miércoles, como las que terminaron el domingo con el asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia.

El anuncio ha sido hecho por el ministro de la Presidencia, Rui Costa, en declaraciones a la prensa después de que tanto la Abogacía General de la Unión como la Fiscalía solicitaran al Tribunal Supremo la adopción de medidas para prevenir posibles ataques terroristas y actos violentos y vandálicos.

Rusia ha sustituido este miércoles al comandante de las fuerzas militares que combaten en Ucrania desde febrero de 2022, cargo que asumirá Valeri Guerásimov, actual jefe del Estado Mayor del Ejército ruso.

Guerásimov, de 67 años, releva al general Serguéi Surovikin, quien fue el que recomendó en noviembre la retirada rusa del norte de la región ucraniana de Jersón, el revés más reciente sufrido por las tropas rusas en el conflicto. Surovikin fue nombrado máximo comandante ruso en el campo de batalla en Ucrania el pasado mes de octubre.

La extrema derecha belga pagó 20.000 euros a Facebook para viralizar una campaña racista por los disturbios que se produjeron en Bruselas tras la eliminación de Bélgica a manos de Marruecos durante el mundial de fútbol. Así se desprende de los datos de publicaciones patrocinadas por el partido ultra Vlaams Belang en esa red social analizados por la radiotelevisión belga y que ascienden en total a un millón de euros.

Una de las publicaciones en las que más invirtió la extrema derecha para que Facebook le diera mayor visibilidad fue un vídeo con imágenes de los disturbios después del partido disputado el 27 de noviembre en la fase de grupos que iba acompañado de un mensaje xenófobo.