Los jueces de Palermo han absuelto este viernes a Matteo Salvini en el 'caso Open Arms' en el que el vicepresidente del Gobierno de Italia estaba imputado por un delito de secuestro de personas y omisión de actos oficiales, por haber impedido durante 20 días el desembarco de las 147 personas rescatadas en el Mediterráneo por el barco de la ONG Open Arms.

La fiscal adjunta Marzia Sabella, en el comienzo de la vista, había recordado que los rescatados por Open Arms “no tenían derecho a desembarcar en Italia porque fueran enfermos, sino porque eran hombres libres”. En el aula búnker de la cárcel Pagliarelli de Palermo, en Sicilia, la escuchaba, sentando en el banquillo, el mismo Salvini, acompañado por su abogada y también senadora de la Liga, Giulia Bongiorno, famosa por haber defendido a Giulio Andreotti en el juicio que le veía imputado por asociación mafiosa y del que salió finalmente indemne. En la sala también estaba el fundador de Open Arms, Oscar Camps, que ha encabezado la acusación contra Salvini, a la que se han sumado varias organizaciones y dos ayuntamientos, el de Palermo y el de Barcelona.

“He cumplido mis promesas, luchando contra la inmigración masiva y reduciendo las salidas, los desembarcos y las muertes en el mar. Sea cual sea la sentencia, para mí hoy es un buen día porque estoy orgulloso de haber defendido a mi país. Lo haría todo de nuevo”, había dicho Salvini antes de entrar en el aula búnker.

En esa misma línea, el ahora vicepresidente del Gobierno de Italia llevaba ya días preparando el terreno para que los dos escenarios –el de una condena o el de una absolución– encajaran en su retórica anti-inmigración. De ser condenado sería la víctima de los “jueces politizados”, de ser absuelto el héroe culpable solo “de haber defendido Italia”, como ponía la camiseta que mostraron los líderes de los partidos ultras, con Victor Orbán a la cabeza, en la reunión del grupo de los Patriotas el jueves en Bruselas. Un día antes había recibido “la solidaridad de todo el Gobierno”, en una declaración de la primera ministra Giorgia Meloni, durante una intervención en el Senado, que recibió el aplauso de todos los miembros de la mayoría.

De todas formas, Salvini había dejado claro que en caso de condena no dimitiría. “En el juicio del viernes tienen que decidir tres jueces, que espero no sean militantes de ningún partido y que decidan según la norma”, dijo hace unos días. “Una condena incluso de un mes significaría una condena para Italia. ¿Dimisión? En absoluto, faltaría más”.

Tres años después de su comienzo, ha llegado así a la conclusión el juicio –el primero en la historia de la República italiana en la que un ministro estaba imputado por acciones realizadas en el ejercicio del su cargo– de un caso que empezó mucho antes. Exactamente el 1 de agosto de 2019, el día en el que la misión 65 del Open Arms efectuó el primero de los tres rescates que haría en el Mediterráneo central en la que seguía siendo una de las rutas migratorias más mortíferas. Eran los días en el que Salvini, entonces ministro de Interior de un Gobierno formado por la coalición de la Liga y del Movimiento 5 Estrellas, se jactaba de su política de “puertos cerrados”, llenando las redes sociales con proclamas “anti-invasión”.

Y así empezó un pulso que duró 20 días, con momentos de tensión muy altos y evacuaciones de emergencias de algunos de los 160 migrantes que llegó a haber en la cubierta del barco de la ONG española. La comunicación del ministerio de Interior con el decreto de prohibición de entrada en aguas internacionales italianas llegó ya el 2 de agosto. Un veto que Open Arms recurrió primero ante los tribunales administrativos y luego, mientras en el barco la situación se volvía cada vez más críticas, ante la Fiscalía de Agrigento por delitos de omisión de actos de oficios y otros delitos en relación con la situación.

Días antes, y cuando ya había pasado una semana después del primer rescate, el fundador de la ONG, Oscar Camps, había escrito una carta a los Gobierno de España, Francia y Alemania, pidiendo que ayudaran a desbloquear la situación, con un pacto para el reparto de los migrantes una vez desembarcados en Italia o Malta, los dos países que habían negado la entrada. Pasó una semana más para que seis países europeos, entre ellos España, pactaran acoger a los migrantes, sin que esto sirviera para cambiar la postura de Italia.

El desembarco llegó el 20 de agosto, por decisión del fiscal de Agrigento, Luigi Patronaggio, que, tras visitas la embarcación y ver una “situación explosiva y de máxima urgencia”, decretó su incautación y el desembarco de todas las personas a bordo. El mismo día, y tras semanas de subidas de tono de Salvini y una moción de censura presentada y luego retirada por la Liga, el entonces primer ministro Giuseppe Conte presentaba su dimisión. La autorización por parte del Senado italiano para enjuiciar a Salvini legaría meses después, ya con una nueva mayoría en el Gobierno.