Con muchos años de retraso, España recorre ya los últimos pasos para tejer su propia red de protección a los informantes de corrupción o irregularidades. El Gobierno ultima la creación del organismo regulador independiente que velará para que estas personas no sufran represalias de aquellos a los que señalan, así como que las empresas e instituciones públicas tengan buzones de denuncia anónimos, seguros y efectivos.
El estatuto que regula las funciones y creación de este organismo, denominado Autoridad Administrativa Independiente de Protección del Informante, se aprobará a través de un Real Decreto que se está tramitando por la vía administrativa urgente.