La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha pedido al Gobierno que en los próximos Presupuestos Generales del Estado destine 10.000 millones de euros, aproximadamente el 1 % del PIB, al regadío para fomentar el desarrollo social y económico desde la España rural.

En una carta remitida al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han solicitado para el regadío la mitad de la partida anunciada para Desarrollo Rural, tras insistir en que la agricultura y la industria agroalimentaria representan más del 15 % del PIB y dan empleo a más de un 4 % de la población activa.

El valor anual de la producción en las zonas regables supera los 25.000 millones de euros, de acuerdo a un comunicado difundido por Fenacore este jueves.

El grupo formado por mujeres y hombres de entre 18 y 35 años ha sido el más afectado por la crisis de la pandemia del coronovirus, ya que más de la mitad (el 53 %) ha disminuido sus ingresos, según concluye un estudio desarrollado por el Grupo Mutua de Propietarios y el Consejo General de la Arquitectura Técnica (CGATE).

La encuesta efectuada entre el 10 y el 17 de abril, en plena reclusión en los hogares, refleja que solo un 6 % de los mayores de 70 años dice haber visto afectada su capacidad económica en ese periodo.

Sobre los ingresos obtenidos, un 10 % de los 1.324 individuos entrevistados en toda España asegura que han disminuido entre un 50 % y un 100 %.

El precio del barril de petróleo Brent para entrega en agosto baja esta mañana el 1,13 % en el mercado de futuros de Londres, hasta situarse en 39,33 dólares.

El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, concluyó ayer en el International Exchange Futures a 39,78 dólares, al término de una jornada de ligero optimismo sobre la producción.

Los analistas han manifestado confianza en que los actuales niveles de producción se puedan mantener hasta finales de julio.

En los últimos meses, el crudo ha registrado fuertes descensos a raíz del impacto de la pandemia de la COVID-19 en la economía, especialmente en el sector de la aviación.

El Tesoro Público español ha colocado hoy 7.926 millones de euros en cinco denominaciones distintas de deuda a medio y largo plazo, incluidas obligaciones indexadas a la inflación, que, en todos los casos, han salido a un menor interés.

En la puja de hoy, el Tesoro ha colocado más importe de lo previsto -estimaba vender entre 6.000 y 7.000 millones de euros-, dentro de su estrategia, iniciada a raíz de la crisis sanitaria, de aceleración de las emisiones previstas para este año.

Ésta es la segunda vez en la historia que el organismo vende cinco denominaciones de deuda distintas a la vez (la primera vez fue el pasado 6 de mayo).

La llamada "tasa Google", es decir, el proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales que pretende gravar con un 3% determinados ingresos de grandes tecnológicas, va a pasar este jueves su primer trámite parlamentario con el rechazo a las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Ciudadanos y Vox, a tenor de lo que han anticipado los portavoces del resto de los grupos durante el debate. La votación se producirá al final del Pleno, que sigue su curso.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha defendido que España se anticipe  a la aprobación de este impuesto a escala internacional, aunque después se adapte su aplicación a lo que se determine en la OCDE o la UE.

Los grupos parlamentarios de PP, VOX y Ciudadanos han rechazado la creación del impuesto digital que propone el Gobierno, ya que consideran que esta fiscalidad debería estar armonizada en el marco internacional, y han pedido una menor presión fiscal en España.

Así lo han explicado este jueves en el Congreso de los Diputados los portavoces de los citados grupos parlamentarios en las defensas de sus enmiendas a la totalidad al Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

El diputado del PP Javier Bas ha considerado que no es "oportuno" este proyecto de ley, por el que se crea un nuevo impuesto de servicios digitales antes de que haya un gravamen consensuado a nivel internacional o europeo, dado que se está debatiendo su creación en la UE y la OCDE.

El presidente del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, José Antonio Zan, recordó que “los trabajadores no le pueden decir al Gobierno quién tiene que dirigir o quien no” la planta mariñana, de modo que ante una posible venta de la fábrica, exigen que se garantice la producción de aluminio primario y el mantenimiento de los puestos de trabajo.

“Nosotros ahí no vamos a entrar. No le podemos decir al Gobierno quien tiene que dirigir y quien no” la factoría, dijo Zan, porque “a los trabajadores el nombre que ponga en la etiqueta nos da igual”.

“Preferimos ser estatales”, dijo Zan, quien se muestra partidario de una “intervención” pública de la planta por parte del Estado, pero también reconoció que los trabajadores no “pueden exigir esas cosas”.

El sindicato CCOO ha apelado a la serenidad y cautela ante el futuro de Renault, "sin echar las campanas al vuelo, puesto que todo no está conseguido", ante la noticia de que la multinacional ha logrado liquidez por 5.000 millones de euros, merced al aval del Gobierno francés, que es accionista.

En un comunicado, CCOO en Renault España ha incidido que su objetivo es que garantice el empleo y la estabilidad social, después de que el pasado 29 de mayo el grupo francés anunciara una reducción de costes y una reestructuración de la actividad que supondrá suprimir 14.600 empleos, 4.600 en Francia, y el resto por decidir.

La Bolsa de Seúl volvió a subir este jueves por quinto día consecutivo, gracias a que las expectativas sobre la recuperación económica tras la remisión de la pandemia siguió alimentando el optimismo de los inversores.

El principal indicador del mercado surcoreano, el Kospi, subió 4,18 puntos, un 0,19 %, hasta 2.151,18 enteros, en una sesión en la que se movieron 15,8 billones de wones (144,9 millones de dólares).

El índice tecnológico Kosdaq avanzó 4,71 puntos, un 0,64 %, hasta 742,37 unidades.

El parqué surcoreano abrió con fuerza y subió por encima del 2 % en los primeros diez minutos de negociación, impulsado por las esperanzas puestas en la reactivación económica pospandemia y las expectativas de políticas globales coordinadas para ello.

El juzgado mercantil nº 4 de Valencia ha admitido a trámite la primera demanda colectiva por tarjetas con pago aplazado o "revolving", presentada por la asociación de consumidores Asufin contra las tarjetas Visa Classic, Go y Gold de CaixaBank.

El objeto de la demanda, por una cantidad indeterminada y a la que se sumarán próximamente otras contra Carrefour, Wizink y Bankinter Consumer, es expulsar de los contratos el mecanismo de amortización que lleva a la espiral de deuda a muchas familias.

De lo que se trata es de eliminar las cláusulas abusivas que contienen estos contratos, no sólo el interés desproporcionado que alcanzan, por encima del 20 %, sino también la falta de transparencia con las que se comercializan, aclara Asufin.