Suenan campanas de cambio en la política monetaria del Banco Central Europeo. El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha propuesto este miércoles modificar el objetivo de inflación establecido en el 2% para conseguir más margen de actuación de la política monetaria ante los retos que plantea la crisis del coronavirus. No es una idea nueva. El Eurobanco ya lanzó esta idea como legado de la era Draghi, el presidente del BCE que prometió hacer lo que hiciera falta para salvar al euro en la anterior crisis financiera, pero su sucesora Christine Lagarde no ha cogido el toro por los cuernos.

El 1 de enero echó a andar por completo la ley PSD2, conocida comúnmente como la de medios de pago, que, entre otras cuestiones, abre los datos de los grandes bancos sobre sus clientes a plataformas tecnológicas como las fintech para procesar nuevos servicios como los pagos online o la agregación de productos. La norma nació con las críticas por parte de las grandes entidades bancarias y ahora, dos meses después de su aplicación, las fintech lamentan que los bancos "no cumplen con las exigencias" de la norma.

Bruselas mantiene la barra libre del gasto hasta, de momento, 2023. Es decir, deja abierto el grifo de las ayudas públicas ante las nuevas olas de la pandemia durante este año y el próximo. Eso sí, la Comisión Europea prevé reactivar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2023, momento en el que se retomaría la exigencia de cumplir con los topes de deuda (60& del PIB) y déficit (3% del PIB) con una senda que, con dos años vista, no está todavía definida.

La Justicia europea avala el impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica (IVPEE), que impone una tasa lineal del 7% a cualquier instalación sin diferenciar el origen de la energía, el tamaño o el resultado de la explotación. Así lo ha anunciado este miércoles el Tribunal de Justicia de la UE, en una sentencia en la que declara que la directiva europea, relativa al régimen general de los impuestos especiales, no se opone a una normativa nacional que establece un impuesto que grava la producción e incorporación al sistema eléctrico de energía eléctrica en el territorio nacional y cuya base imponible está constituida por el importe total de los ingresos del sujeto pasivo obtenidos por la realización de estas actividades, sin tener en cuenta la cantidad de electricidad efectivamente producida e incorporada a ese sistema.

Iberdrola ha incorporado al consejo de administración de su filial en España a Emma Navarro, vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI) hasta octubre.

El fichaje ha sido adelantado por El Confidencial, que apunta que se ha producido previo visto bueno del Comité de Ética y Cumplimiento del banco público de la UE, que en los últimos años ha concedido a Iberdrola más de 2.000 millones de euros de créditos para diversos proyectos de infraestructuras renovables.

Con este fichaje, la multinacional bilbaína, que en 2020 batió un nuevo récord de beneficios pese a la pandemia, se consolida como la empresa española con más ex altos cargos a sueldo como asesores o consejeros.

Jarro de agua fría para el empleo en febrero. La ministra de Economía, Nadia Calviño, ya avanzaba el lunes que los datos no iban a ser buenos y este martes se confirmaron sus presagios. España ha vuelto a niveles de paro por encima de la barrera de los cuatro millones de desempleados tras haber sufrido su peor mes de febrero desde 2013 al sumar más de 44.000 personas registradas en las listas del paro. El mercado laboral se ha visto arrastrado por el desplome de la actividad en el sector servicios, muy afectado por las restricciones aplicadas para aplacar la tercera ola del coronavirus.

Los propietarios de ocho o más viviendas en alquiler en España disfrutan de un generoso pero desconocido régimen fiscal. Se trata de las Entidades Dedicadas al Arrendamiento de Viviendas (por sus siglas, EDAV), una figura creada en 2003, cuando gobernaba Aznar. Estas compañías tienen menos requisitos que las famosas socimis —las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria, que son pocas pero acumulan más de 42.000 pisos en alquiler— y unos beneficios muy suculentos, tanto en el impuesto de sociedades como en el IVA al comprar propiedades.

El conseller de Movilidad y Vivienda del Govern Balear, Josep Marí, ha firmado este martes la primera resolución por la que se inicia la expropiación de 56 viviendas de grandes propietarios inscritas en el registro oficial, con un coste total de 1,8 millones de euros, por un plazo de siete años, según informa Europa Press.

Este precio supone una rebaja del 40% respecto a los precios de mercado en Baleares, con una media de 391 euros mensuales por vivienda. Se trata de 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza.

El conseller de Movilidad y Vivienda del Govern Balear, Josep Marí, ha firmado este martes la primera resolución por la que se inicia la expropiación de 56 viviendas de grandes propietarios inscritas en el registro oficial, con un coste total de 1,8 millones de euros, por un plazo de siete años, según informa Europa Press.

Este precio supone una rebaja del 40% respecto a los precios de mercado en Baleares, con una media de 391 euros mensuales por vivienda. Se trata de 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza.

Los trabajadores de las diferentes empresas que conforman el grupo Abengoa se han manifestado este martes en Palmas Altas --sede de Abengoa en Sevilla-- para reclamar el mantenimiento del empleo actual y que las diferentes partes intenten buscar la viabilidad de la compañía que ha solicitado su concurso voluntarios de acreedores una vez que no ha podido prorrogar su refinanciación.

Así lo ha señalado el secretario general de UGT FICA-Sevilla, Manuel Ponce, que ha señalado la "preocupación e incertidumbre" de los trabajadores una vez que la empresa ha pedido el concurso voluntario de acreedores.