En abril, el debate político giró sobre la vivienda social. Entonces, en plena campaña de las elecciones municipales y autonómicas, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez anunció la construcción de más de 180.000 viviendas destinadas al alquiler asequible. Ahora, en la recta final del año, un actor privado, la promotora Culmia, ha trazado sus previsiones de cuánta vivienda en alquiler asequible hace falta en España, en un horizonte temporal de, al menos, una década.

Culmia, controlada por el fondo Oaktree, calcula que se necesitan más de 1,2 millones de viviendas.

Francia y Alemania cogerán las riendas de la negociación del nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que es uno de los expedientes fundamentales que tienen los 27 sobre la mesa durante la presidencia española del Consejo de la UE, a la que corresponde pilotar las conversaciones. "Propondré continuar avanzando mano a mano entre Francia y Alemania. Todo el mundo sabe que al final un acuerdo sobre las nuevas reglas del Pacto de Estabilidad pasan por un acuerdo francoalemán", ha expresado el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire, a su llegada a la reunión con sus homólogos europeos en Luxemburgo.

Muchas familias que llegan justas a fin de mes en España, si es que llegan, ven cómo mes a mes gran parte de sus escasos ingresos se van al pago del alquiler. El precio de alquilar ha aumentado mucho en los últimos años, especialmente en grandes ciudades y enclaves turísticos, pero quienes tienen menos dinero se ven abocados a pagar estas rentas. Les resulta mucho más caro que una hipoteca, pero esta les es a menudo inaccesible. El resultado: un bucle sin salida, en el que el bolsillo se vacía cada vez más.

El Ministerio de Consumo ha obligado a la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) a entregarle un "acuerdo de cooperación" que esta entidad firmó con Facebook en mayo de 2021 junto al resto de asociaciones de consumidores europeas agrupadas en la organización Euroconsumers, a cambio de retirar una multimillonaria demanda colectiva contra la multinacional por vulnerar la privacidad de los usuarios.

El acuerdo, que prevé que el gigante tecnológico compense "monetariamente" a las entidades firmantes a cambio de acciones "para la protección y beneficio de los usuarios", fue "entregado" a Consumo "en el mes de julio pasado, a requerimiento del ministerio", según OCU.

La economía de nuestro país crecerá cerca de un 2,5% este año y otro 2% el próximo, según las previsiones del Gobierno, que décima arriba décima abajo coinciden con las de las principales instituciones nacionales e internacionales. Para 2024, tras los recortes a todas las proyecciones, la previsión de crecimiento del PIB (Producto Interior Bruto) duplica la expectativa del conjunto de la eurozona (de un 1%), en un ejercicio en el que se espera que Alemania entre en recesión.

La vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, viene recalcando que España conseguirá liderar el crecimiento entre los países desarrollados "a pesar del entorno internacional [de desaceleración por la persistencia de la inflación, por el daño de la austeridad monetaria y por el impacto de las guerras en Ucrania y en Gaza]".

España emitirá menos deuda pública este año de lo inicialmente previsto. En concreto, 5.000 millones menos de lo proyectado (pasando de los 70.000 a los 65.000 millones de euros) por el Tesoro Público en su estrategia anual, según ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno en funciones, Nadia Calviño, que ha asegurado que es una muestra de la "resiliencia" de la economía española en un momento de alza de los tipos de interés.

"España se consolida como uno de los principales motoroes del crecimiento", ha afirmado la vicepresidenta española, que ha afirmado que la economía española "ha venido cumpliendo holgadamente sus previsiones y objetivos de déficit".

Carlos Torres, presidente de BBVA, ha comparecido este lunes como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga los posibles delitos que encierra la relación entre la segunda entidad financiera del país y el comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Según fuentes conocedoras del contenido de la declaración, el directivo se ha desvinculado de esos contratos y ha afirmado que sólo tuvo conocimiento de los mismos a partir de “junio o julio” de 2018 a pesar de que las primeras informaciones en prensa aparecieron publicadas en mayo de ese año y de que era consejero delegado desde 2015.

El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, ha asegurado en una entrevista concedida a Financial Times que el Banco Central Europeo (BCE) ya ha subido los tipos de interés lo "suficiente".

Hernández de Cos defiende en el prestigioso periódico británico que "mantener el nivel actual de los tipos de interés durante un período suficientemente largo será ampliamente consistente" con alcanzar el objetivo de inflación del 2% de la institución.

Esta posición le ha valido para ser calificado por el Financial Times como el miembro más "paloma [moderado, en el argot de la política monetaria]" del consejo de gobierno del BCE, frente a los halcones de Alemania, Austria o Países Bajos [más agresivos y partidarios de bajar la inflación a base de austeridad monetaria aunque suponga ahogar la economía del conjunto de la eurozona y provocar una recesión].

El Gobierno prevé un crecimiento de la economía del 2% en 2024 y que el paro baje del 11%. El Ejecutivo envió este domingo el Plan Presupuestario para 2024 a la Comisión Europea. Un documento en el que se incluye su nuevo cuadro macroeconómico, que deberán aprobar en Bruselas.

Estas expectativas reiteran el compromiso de reducir el déficit por debajo del 3% del PIB (Productor interior bruto), en cumplimiento con las reglas fiscales que se reactivarán en enero. Y de rebajar la ratio de deuda/PIB al 108,1% ya al cierre de este 2023, "adelantando un año el objetivo de situarla por debajo del 110% del PIB".

“De delitos no voy a hablar. Ha habido una clara manipulación o actuaciones para modificar los precios. Además, se ha hecho de una manera muy burda”. El 21 de diciembre de 2013 el entonces ministro de Industria José Manuel Soria, del Partido Popular, respondía así en una entrevista en ABC a la pregunta de si había habido irregularidades en el sistema de fijación de precios en el mercado de la electricidad. En plena ola de frío y con las economías de los hogares ya muy castigadas por las subidas de impuestos y las rebajas salariales, el precio mayorista de la electricidad se había disparado a importes no vistos en más de una década.