El impuesto del 40% a los beneficios extraordinarios de la banca que aprobó Giorgia Meloni el pasado 8 de agosto está bajo la lupa del Banco Central Europeo. A pesar de que el Gobierno ultraderechista descafeinó la medida fiscal en apenas 24 horas, el BCE tiene previsto aprobar un informe crítico, según la información publicada este viernes por Corriere della Sera.

Este tipo de dictámenes no son nuevos. El organismo encabezado por Christine Lagarde ya manifestó su opinión respecto al impuesto español. Entonces, recomendó al Ejecutivo que realizase "un análisis exhaustivo de las posibles consecuencias negativas para el sector bancario, detallando, en particular, el impacto específico del gravamen temporal sobre la rentabilidad de las entidades de crédito y financieras afectadas y sobre las condiciones de competencia en el mercado, de manera que se garantice que su aplicación no plantea riesgos para la estabilidad financiera, la resiliencia del sector bancario y la concesión de créditos".

En el caso de Italia, según el rotativo, el dictamen se enviará en los próximos días y se manifestará en contra de un impuesto que el BCE consideraría dañino para la economía italiana y podría frenar la concesión de créditos. También, apunta el citado medio, el BCE estaría molesto por no haber sido consultado, pese a que sus decisiones y dictámenes no son vinculantes en materia fiscal. 

El dictamen llega en un momento de cierta tensión entre el Gobierno de Meloni y la autoridad monetaria de la zona euro, ya que Roma ha criticado las últimas subidas de tipos de interés por considerarlas injustificadas. 

En cuanto al impuesto italiano, el pasado 8 de agosto, el Ejecutivo transalpino aprobó por sorpresa la introducción de un impuesto en 2023 que gravará con un 40% los beneficios extraordinarios contabilizados por la banca del país. Un día después -tras el desplome en Bolsa de las entidades financieras italianas-, dio un paso atrás y limitó el tributo al 0,1% de los activos de cada entidad.

Según recoge Bloomberg, el Estado italiano podría recaudar hasta 3.000 millones con este nuevo impuesto. Otros medios, como Financial Times, rebajan el impacto a 1.800 millones.

El BCE, en el caso de España, consideró en su dictamen que "no sería deseable utilizar los ingresos procedentes de los impuestos recaudados de las entidades de crédito con fines presupuestarios generales".

El motivo, argumentó, que provocaría que "las entidades de crédito fueran menos resilientes a las perturbaciones económicas y, en consecuencia, limitaran su capacidad de conceder crédito, empujándolas a ofrecer condiciones menos favorables a los clientes al conceder préstamos y otros servicios y reduciendo determinadas actividades".

Además, la autoridad monetaria aseguró que este tipo de "gravamen debe considerarse cuidadosamente en lo que se refiere a su impacto en la rentabilidad de las entidades de crédito afectadas y, por tanto, en su generación interna de capital y en su concesión de crédito".