José Luis Escrivá (Albacete, 1960) lo tiene claro. Un recorte de impuestos de la magnitud que ha planteado el PP en su programa electoral "es absolutamente imposible hacerlo" si no se tocan las pensiones. "¿Dónde hay capacidad de recorte? Como ya hicieron en el año 2013 está en la Seguridad Social, que tiene un presupuesto de 200.000 millones de euros". Son los números que esgrime el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones para afirmar que el poder adquisitivo de las pensiones "estaría en riesgo" con un Gobierno de la derecha.
El ministro no cree que se pueda seguir creando empleo al fortísimo ritmo que se ha hecho en los últimos dos años y apunta que "la clave" para disminuir el paro "está en la formación". Además, revindica la buena marcha de la economía española, aunque admite un pero "por la pérdida de poder adquisitivo de las familias". Ahora bien, señala que el "buen acuerdo de negociación colectiva entre los sindicatos y los empresarios va a suponer una recuperación casi completa del poder adquisitivo en dos años".
¿Qué se le pasó por la cabeza cuando vio a Alberto Núñez Feijóo asegurar que había votado que sí a la revalorización de las pensiones por el IPC cuando el PP votó en contra en el Congreso?
Fue desconcertante, aunque igual podíamos haberlo anticipado siguiendo la trayectoria de otros bulos y otras intoxicaciones. Pero en este caso es algo tan contrastable y tangible, no ya solo por el hecho de que el voto del PP fue como fue, sino porque también durante mucho tiempo el PP en el ámbito de pensiones se ha comportado con muchísima ambigüedad.
¿Por qué cree que con un Gobierno del PP y Vox el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones está “en riesgo”?
Si miramos el programa electoral del Partido Popular es muy concreto en casi todo, salvo es aquellos temas sobre los que tienen que dar malas noticias a la ciudadanía. Hay una parte del programa que es muy concreta sobre las reducciones de impuestos y de cotizaciones sociales orientadas a beneficiar a intereses concretos. Cuando se van sumando esas rebajas te salen 20.000 millones de euros, lo que supone sumar un punto y medio del PIB de déficit. Sin embargo, en cuestión de gasto no hay ninguna concreción, no tienen partidas asignadas. No pueden tocar la parte que va a las comunidades autónomas, que es una parte muy importante del gasto en España, ni la designada para los ayuntamientos. Por lo tanto, lo que es estrictamente el gasto de la Administración General del Estado son unos 120.000 millones de euros, con lo que si hubiera que recortar 20.000 millones sería prácticamente todo lo que es el capítulo uno, es decir, la remuneración de los funcionarios de la Administración del Estado.
Un recorte de impuestos de esa magnitud es absolutamente imposible hacerlo con el margen de maniobra que tiene un gobierno en los Presupuestos Generales del Estado. ¿Dónde hay capacidad de recorte? Como ya hicieron en el año 2013 está en la Seguridad Social, que tiene un presupuesto de 200.000 millones de euros. Es donde pueden compensar todas esas bajadas de de impuestos que están comprometidas para atender determinados intereses.
En el caso de que sigan en el Gobierno, ¿ampliarán la jubilación activa? Parece que la prueba piloto con médicos ha sido un éxito.
En esta legislatura nos ha quedado pendiente la jubilación activa y la jubilación parcial. Habíamos acordado con los agentes sociales empezar por la jubilación demorada, que es lo que está funcionando muy bien. En España faltan alternativas a la jubilación total. Es un país en el que pasas prácticamente de la máxima actividad a estar completamente inactivo. Hay que crear fórmulas con incentivos favorables a transiciones graduales. También está el contrato de relevo, ahora circunscrito a la manufactura, pero que tiene posibilidades de ser extendido. Todavía quedan cosas que hacer en pensiones, con diálogo con los agentes sociales, en la próxima legislatura.
Hay voces que critican la reforma por injusticia intergeneracional con los jóvenes, consideran que el gasto público se está inclinando demasiado del lado de las personas mayores, un discurso que Vox ha copiado. ¿Es injusto o desequilibrado como aseguran?
Esto es una falacia, es una narrativa falsa por razones espurias que se une a otras más para deslegitimar la reforma de pensiones. Lo que hemos hecho es equilibrarlo. Hemos mejorado sensiblemente la situación de partida, porque hemos derogado el factor de sostenibilidad de la reforma del 2013 que ponía todo el peso del ajuste de las pensiones en el tiempo.
El problema de sostenibilidad del sistema de pensiones en España será en 2040 y 2050, luego vuelve a mejorar la situación. Ahora tenemos una generación ancha a la que le sigue una generación más estrecha, que es lo que genera tensión en esas décadas. Pero la generación siguiente tiene un tamaño similar, con lo cual se reequilibra, ya que es un sistema de reparto donde la generación activa financia a la generación pasiva. Lo que hemos hecho es reforzar el sistema para las décadas de los 40 y los 50 de una forma distinta y mucho más favorable para los jóvenes.
La sustitución del factor de sostenibilidad por el Mecanismo de Equidad Intergeneracional es muy beneficiosa para los jóvenes. Si vemos su efecto sobre diferentes cohortes de edad, medido como la diferencia entre la pensión recortada por el factor de sostenibilidad y la nueva pensión garantizada en su poder adquisitivo, incluyendo la diferencia de cotizaciones en las distintas edades, es de unos 5.000 euros en el caso de una persona que se jubilará esta década, pero es de casi 20.000 euros para un joven de 25 años.
¿Quién construye esa narrativa contra la reforma de las pensiones?¿Los empresarios porque les perjudica?
Perjudica al sistema financiero. Lo que tienen que aportar los empresarios a través de cuotas de la Seguridad Social es absolutamente manejable, ahí no está el problema. Un banco se valora fundamentalmente en función del tamaño de sus depósitos y de sus activos bajo gestión. Por lo tanto, cuanto mayor incertidumbre hay sobre el futuro, mayor propensión habrá a ahorrar en depósitos o en fondos y, por lo tanto, el valor de los activos se maximiza. Desde el sistema financiero se insufla constantemente el mensaje de que no habrá pensiones para la jubilación, lo que conduce a la gente a ahorrar más para el futuro. Cuando uno mira la afiliación o quién financia a la gran mayoría de los expertos que ponen en cuestión la reforma de las pensiones se ve que tiene una vinculación con el sistema financiero.
El PP utiliza el tema de la injusticia intergeneracional pero con la deuda pública, que está en el 113% del PIB. ¿Es tan dramática la situación como la pinta Alberto Núñez Feijóo?
No lo creo. Además, el mercado no lo cree, que es quien realmente se está jugando el dinero: la prima de riesgo de España está en torno a los 100 puntos básicos, muy por debajo de la de Italia, lo que indica la confianza que los inversores tienen en España en estos momentos. Por otro lado, tampoco lo creen en la Unión Europea. Si miramos las evaluaciones de los últimos planes presupuestarios, España está recibiendo una valoración positiva. Es verdad que ha habido un salto de deuda como resultado de los gastos extraordinarios que supuso la pandemia y los apoyos por la guerra de Ucrania, pero no es un gasto estructural, son medidas transitorias. No se debería banalizar el gasto en vacunas o en los ERTE, que supuso aguantar el tejido productivo y las rentas, con lo cual nos estamos beneficiando de mayor crecimiento y mayor recaudación fiscal. Es un dinero público bien aplicado.
Todas son medidas transitorias y se agotan en el tiempo. De todas maneras, el déficit público de este año en España, según las estimaciones de la AIReF, va a rondar el 4% este año y arrancaremos 2024 por debajo del 3%.
España sigue creando empleo, pero tiene aún 2,7 millones de personas en desempleo. ¿Qué políticas considera necesarias para rebajar este dato y conseguir pleno empleo? ¿Cómo cree que va a evolucionar en el segundo semestre del año?
No podemos seguir creciendo al ritmo que hemos crecido durante el primer semestre del año, porque crear 450.000 empleos en un semestre nunca ha ocurrido en la historia de España. Lo que vemos en julio es que se sigue creando empleo a un ritmo razonable y lo lógico es que terminemos el año con un dato histórico. Al mismo tiempo hay cierta resistencia a la reducción de la tasa de paro porque tiene un componente estructural y de desajuste entre oferta y demanda, ya que se está produciendo un crecimiento de la población activa de unas 250.000 personas al año.
Cuando uno mira la estructura de esos 2,7 millones de parados se ve que lo que falta claramente es mejorar la formación. Hay un porcentaje muy alto de parados de larga duración, mayores de 50 años, que les ha costado incorporarse al mercado de trabajo ya que no hay buenos programas de formación para personas de esas edades. Se están haciendo muchas cosa en el ámbito de las microacreditaciones, en la universidad para personas mayores y también en las empresas
Además, seguimos teniendo un alto desempleo joven. Lo que se ha hecho en Formación Profesional tiene que dar fruto. En el mes de octubre vamos a tener 1.200.000 jóvenes en formación profesional dual completa, que es una gran novedad y donde España tiene un déficit considerable.
¿Qué más se podría hacer?
La clave está en la formación. Ha calado también en la negociación colectiva que frente a la formación a través de cursos -desconectada a veces de las necesidades laborales- hay que trabajar con las empresas. España tiene una estructura empresarial muy sesgada hacia la pequeña y la mediana empresa y les cuesta más dedicar recursos a la formación que a las empresas de mayor tamaño. Hay que ayudar a las empresas para que ofrezcan formación desde dentro con programas específicos. Por ejemplo, un programa que nosotros estamos proponiendo y que ha tenido bastante éxito en otros países es el de mentoraje para jóvenes parados. A estos jóvenes se les apoya con un mentor que trabaja con ellos dentro de las empresas, un programa que se financia con dinero público para ayudarles a que se se incorporen a la vida laboral adquiriendo cualificaciones distintas.
¿Qué le parecieron las críticas de Alberto Núñez Feijóo sobre la fiabilidad de los datos de empleo en España? ¿Están maquilladas las cifras como asegura el líder de la oposición?
Las cifras de empleo son rotundas. Es absolutamente falso lo que dice de los fijos discontinuos. En las estadísticas de la Seguridad social, los fijos discontinuos cuando están activos aparecen como afiliados y cuando no están activos se dan de baja en la serie. Por eso las series de afiliación tienen ese perfil estacional tan marcado por los periodos de inactividad. Son aproximadamente un 8%, algo más de un millón de personas, pero va variando. No aparecen como activos en la serie de afiliación a la Seguridad Social y en la EPA, que es la estadística clave en España para entender los datos de empleo y paro integral. No ha habido ningún cambio metodológico. Con la EPA le preguntan a las personas si están trabajando y si está en un periodo de inactividad dirá que no, y así saldrá reflejado.
Lo que ha cambiado realmente es que ahora hay muchos más personas que al ser fijos discontinuos tienen una estabilidad y unos derechos que no tenían antes. Esto es muy positivo para la economía, como lo ha puesto de manifiesto el Banco de España en un estudio reciente porque su propensión al consumo aumenta.
Fue muy crítico con el PP y su meta de creación de empleo por escasa, ¿por qué cree que Núñez Feijóo pone una meta poco optimista?
Si se mantiene un aumento de la población activa de unas 250.000 personas al año, que es la que hemos tenido en los últimos años, un millón de empleos no te reduce nada la tasa de paro, significa consolidar el paro en los niveles actuales. Esta posición del PP refleja la falta de de visión y de un planteamiento sobre cómo abordar los problemas estructurales del mercado de trabajo español. No hay apenas nada en el programa del Partido Popular sobre formación y cualificación de trabajadores ni propuestas para reducir el desempleo. Hay falta de ambición por el empleo en el programa del Partido Popular.
¿Tiene sentido esta crítica del PP de que hay menos autónomos que el año pasado o menos autónomos que en 2019?
En la crisis anterior se perdieron más de 360.000 empleos autónomos, pero es que se abordó de una manera diferente, ya que durante la crisis financiera no se estableció ningún tipo de protección para este colectivo. Este Gobierno durante la pandemia puso en marcha todo tipo de prestaciones, que se adaptaron a las diferentes fases y a las distintas necesidades según los sectores.
El número de autónomos ha crecido en más de 80.000 trabajadores desde el inicio del Gobierno, en junio de 2018 había 3.273.558 y junio de 2023 se ha cerrado con 3.351.385 autónomos. Pero, además, en esta cifra hay que tener en cuenta otra cuestión y es la conversión de falsos autónomos en asalariados, fruto de las campañas de la Inspección de Trabajo para luchar contra este fraude. Si descontamos este efecto, el crecimiento sería de otros 80.000, es decir, se han creado 160.000 empleos autónomos. Y es importante combinar ambas cosas: la creación de empleo y la regularización de falsos autónomos.
¿Qué le ha parecido la propuesta de Sumar, de Yolanda Díaz, de la herencia universal?
Es una propuesta que que hay que estudiar, me parece que es conceptual, que no está aterrizada. La idea de que un capital inicial pueda ayudarte a desenvolverte mejor en la vida es atractiva. Pero como siempre, el diablo está en los detalles, en el cómo implementar esta medida. Creo que se tiene que hacer de una forma muy focalizada, en ningún caso hacerla para todas las personas como se ha planteado. Los recursos públicos son limitados, hay que tenerlo en cuenta cuando se plantea una política pública. Sería necesario focalizar e implementar la medida maximizando la reducción de la desigualdad, que es uno de los principales problemas.
Soy cada vez más reactivo a medidas universales, creo más en las medidas focalizadas y en la experimentación. Con estas medidas que descansan en la economía del comportamiento y que tienes que ver cómo funcionan las personas siempre hay que hacer programas pilotos y comprobar si funcionan.
Con el anuncio del PSOE de legislar que el Salario Mínimo Interprofesional sea equivalente al 60% del salario medio han vuelto a salir críticas que señalan que no es sostenible por algunas empresas. ¿Hay argumentos para decir que no es sostenible?
Cuando se analiza toda la evidencia empírica que existe, lo que se ve que es que los efectos sobre el empleo de subir el salario mínimo son pequeños. Claramente, subir el salario mínimo es el mecanismo de redistribución de renta más poderoso que existe, especialmente en nuestro país, que tiene un problema agudo y singularizado de distribución de renta. Sabemos de muchas investigaciones que cuando uno va subiendo el salario mínimo de forma gradual y va presionando hacia arriba los salarios, si lo hace con políticas de acompañamiento genera incentivos al cambio técnico, a la innovación y, por lo tanto, hacia mejores empleos. Los datos sobre la evolución del empleo en los últimos años, que han sorprendido al alza a todos los que hacen previsiones del mercado de trabajo, señalan que es perfectamente compatible subir de forma significativa el salario mínimo y crear empleo.
Nuestro país alcanzó oficialmente el PIB prepandemia el primer trimestre del año, según el INE, pero hay expertos que aseguran que fue bastante antes. ¿Cuál es su opinión?
He visto estos estudios y están muy bien hechos. En el INE hay personas con un gran conocimiento de las estadísticas y de las cuentas nacionales, que se han hecho con mucho rigor. Sabemos que el PIB es una estadística que se revisa mucho pasado un cierto tiempo, mientras que los datos de Hacienda o de afiliación a la Seguridad Social son datos completos frente a muchas encuestas que maneja el INE. Es cierto que estos datos apuntan a un nivel de actividad económica muy superior al que refleja el INE. Creo que terminaremos viendo con el tiempo una revisión que diga que la economía española está mejor de lo que parece.
España creció un 5,5% en 2021 y otro tanto en 2022, este año el PIB va a superar un crecimiento por encima del 2%, va a ser el país que más va a crecer de la Unión Europea. ¿A qué achaca la percepción de que la economía va mal?
Se generaron una expectativas poco antes del inicio de la guerra de Ucrania y los datos de ese verano pasado no fueron muy buenos en actividad. Hubo un periodo transitorio en el cual este tipo de sensaciones, de que las cosas van mal, generan profecías autocumplidas. Entonces, hubo una mala percepción de expectativas que tenía una cierta base en los efectos internacionales y en los mercados de materias primas por la guerra de Ucrania.
Lo que se ha demostrado posteriormente es que nuestra economía tiene una resiliencia extraordinaria. En la pandemia se hizo bien la protección del tejido productivo y de las rentas, lo que ha creado una base para crecimiento posterior. Además, España ha tomado decisiones muy correctas que han abaratado en términos relativos el coste por la subida de los precios asociados a la guerra de Ucrania. También está el plan de recuperación y resiliencia, que es un gran logro europeo y español, con unos niveles de inversión crecientes en el tiempo y de cambio estructural de la economía española que van a permitir crear empleos cada vez de mejor calidad.
Cuando hablamos de competitividad de la economía española, la reducción de costes energéticos, aunque sigan siendo altos, ha sido fundamental. Estamos viendo una economía que se ha reforzado mucho en los últimos años y donde hay un clima de confianza muy elevado, porque si no, ¿por qué se crea tanto empleo? Las empresas han contratado tanto durante este último año porque tienen muy despejado el futuro y porque tienen una situación financiera muy holgada pese a la subida de los costes financieros. Esto es lo que explica que estamos en niveles máximos de beneficios empresariales.
Ahora bien, donde puede haber algún tipo de perceptividad negativa es por la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Afortunadamente se ha cerrado un muy buen acuerdo de negociación colectiva entre los sindicatos y los empresarios, que va a suponer una recuperación casi completa del poder adquisitivo en dos años.
El eje del programa electoral del PP es la bajada de impuestos ¿Es razonable bajar impuestos manteniendo una política social sólida y reducir deuda y déficit?
El programa del Partido Popular es muy antiguo. Lo que se ha demostrado en el mundo en los últimos años como un paradigma cada vez más dominante es que las economías que realmente funcionan tienen un grado de cohesión social muy alto y un grado de desigualdad bajo. Lo que es, además, absolutamente compatible con la eficiencia económica y con salarios más altos, aunque requiere un sector público muy fuerte. Como hemos visto con la pandemia y con la guerra de Ucrania, el sector público tiene que ser más fuerte. Reducir los ingresos como plantea el PP para debilitar el sector público es un planteamiento claramente equivocado. Otra cosa es que se intente ganar eficiencia en el gasto de algunos programas o en algunos sitios de la Administración pública, pero si fuera tan evidente dirían dónde.
España es la primera gran economía de la eurozona en reducir la inflación por debajo del 2%. ¿Se puede hacer algo más para que las familias tengan menos presión por los precios? ¿Hacer algo con las hipotecas variables?
En el programa electoral hemos planteado una medida para conseguir un alargamiento de plazos de pago. Las familias españolas no tienen un nivel de endeudamiento muy elevado desde un punto de vista macroeconómico, luego cada uno está como está. Las familias españolas han reducido su apalancamiento extraordinariamente los últimos 15 años a niveles del año 2008. La medida de ampliación de plazos de hipotecas alivia este coste diluyéndolo en el tiempo y es compatible con la estabilidad financiera.
¿Qué cree que le ha quedado pendiente para mejorar el Ingreso Mínimo Vital?
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha llegado en menos de tres años a más del doble de familias que llegaron las rentas mínimas de las comunidades autónomas en dos décadas, cuyo máximo fue de 700.000 personas. El IMV ha alcanzado a 1.800.000 personas, que es un dato que está claramente por encima de las expectativas.
Desde el principio teníamos identificados potenciales beneficiarios del IMV que no lo han pedido. Gran parte de las acciones que hemos tomado es intentar buscar a esas personas y entender por qué no lo han solicitado. Hemos enviado a casi 100.000 personas un SMS, haciéndoles ver que con los datos que teníamos, podían pedir el IMV, dándoles itinerarios para solicitarlo.
Tenemos que ver los resultados del programa con trabajadores sociales de ONG que acuden a las zonas donde pueden estar las personas más vulnerables que tienen dificultades para relacionarse con la Administración. Abhijit Banerjee y Esther Duflo, que son premios Nobel de economía y los máximos especialistas del mundo en pobreza, trabajan con nosotros directamente. Ellos conocen este problema de cobertura de una prestación, que es un problema universal, y han insistido en que vayamos directamente donde están estas personas. También hemos puesto en marcha un autobús, que se mueve por España, que va a los sitios donde pensamos que están estas personas.
Su plan para facilitar la regularización de inmigrantes con el arraigo por formación no acaba de convencer a los sindicatos. ¿Cómo cree que se podría mejorar?
Sinceramente, creo que se van convenciendo progresivamente. Acabamos de modificar una instrucción para hacerlo más atractivo, más fácil y flexible. Los resultados son cada vez más interesantes. En el País Vasco se han hecho unos cursos de hostelería con inmigrantes irregulares organizado por la asociación empresarial de Hostelería que han sido un éxito. El problema de los sindicatos es que siguen pensando en cursos del SEPE de 100 de 300 horas, pero este modelo no funciona. Hay que trabajar más con las empresas. Otro ejemplo de éxito es en la construcción, con la Fundación Laboral de la Construcción, donde confluyen sindicatos y patronales, y se hacen buenos planes de formación.
Además, hay que tener en cuenta que la flexibilización es muy importante por la naturaleza de las personas que van a recibir esos cursos. Por ejemplo, en España hay un gran déficit en economía de los cuidados que requieren determinados cursos, pero si son personas que ya están haciendo alguna actividad en ese ámbito, personas que trabajan de asistentes de hogar, es difícil que tengan acceso a la formación. Los cursos no deberían ser siempre presenciales ni de muy larga duración, ya que son personas que solo tienen libre los fines de semana, tienen que trabajar y, además, son madres con hijos. Hay que tener sensibilidad y diseñar la formación pensando justamente a quién van dirigidas.
