El presidente del Congreso de El Salvador, Mario Ponce, aseguró este martes que el órgano de Estado prepara una propuesta única de ley de "reconciliación nacional" que cuente con el respaldo de las organizaciones humanitarias y víctimas de la guerra civil (1980-1992).
La sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) anuló en julio de 2016 una ley de amnistía de 1993 y ordenó a los diputados emitir una legislación que la sustituya y garantice a las víctimas el acceso a la Justicia y a medidas de reparación.
El pasado 4 de diciembre, los jueces constitucionales ampliaron el plazo, que venció el 13 de noviembre, para la promulgación de la ley y se negó a declarar a la Asamblea Legislativa en desacato.
Los diputados solicitaron la ampliación del plazo el 12 de noviembre y por primera vez señalaron que incluirían en las discusiones una propuesta presentada por las víctimas y las organizaciones sociales.
Anteriormente solo habían analizado una propuesta elaborada por una cuestionada subcomisión formada principalmente por militares retirados y exguerrilleros, ahora parlamentarios.
"Los técnicos están tratando de fusionar los dos proyectos, sacar las diferencias que existen para poder tener un documento único de debate y estudio", dijo Ponce a periodistas.
Añadió que buscarán que los diputados, organizaciones humanitarias y víctimas avalen el referido documento para su aprobación.
Los activistas de derechos humanos y organismos internacionales han criticado a los diputados por intentar aprobar la normativa catalogada como "amnistía de facto" de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado.
ORGANIZACIONES SOCIALES EN ALERTA
El exprocurador de Derechos Humanos y miembro de la organización no gubernamental Cristosal, David Morales, manifestó este martes a periodistas que las organizaciones están en "alerta" por la intención de la Asamblea Legislativa de una "aprobación rápida" de la referida normativa.
"Estamos exhortando a la Asamblea (Legislativa) que cumpla con la sentencia, que cumpla con su obligación legal de escuchar a las personas que serán afectadas por esta ley", acotó Morales.
También llamó a que se debata el proyecto de ley presentado por las víctimas, dado que "hasta hoy ha sido ignorado".
Casi una veintena de organizaciones sociales, entre estas Cristosal y que forman la Mesa Contra la Impunidad en El Salvador, advirtieron que si dicha ley se aprueba sin una "consulta amplía y nacional", "no cumpliría con lo mandado en la sentencia".
La anulación de la amnistía de 1993 ha permitido la reapertura de procesos como el magnicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y la matanza de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, y dos mujeres (1989).
