En 2025 se celebra el centenario del nacimiento de Manuel Sacristán. En su escrito La OTAN hacia dentro, de 1984, planteaba que, ante el hecho de que la mayoría de la población española estaba en contra de la integración en la OTAN, el Gobierno adoptaría medidas para manipular a la opinión pública con el fin de que España entrara en la OTAN.

La guerra de Gaza también está teniendo consecuencias “hacia dentro” de la democracia en España. No me refiero a la tensión que ha surgido dentro del Gobierno a propósito del contrato de adquisición de munición para la Guardia Civil adjudicado a la empresa israelí IMI Systems. Eso es algo anecdótico, mero salseo político. Resulta mucho más relevante denunciar la campaña de desinformación que el Gobierno lleva poniendo en práctica desde hace meses para impedir que la opinión pública conozca la intensidad de las relaciones armamentistas que existen entre España e Israel, y el papel real que está desempeñando España en relación con la guerra de Gaza.

Desde el 7 de octubre de 2023, el Gobierno español ha adjudicado 46 contratos por valor de 1.044.558.955 de euros a empresas israelíes, sus filiales o conglomerados en las que participan empresas israelíes. Este hecho pone de manifiesto el apoyo del Gobierno español a la industria de defensa israelí y la importancia que están adquiriendo las relaciones entre empresas militares españolas y empresas de defensa israelíes. En realidad, estas relaciones se han reforzado desde entonces, a pesar de que el apoyo a la industria israelí de defensa contribuye, aunque sea indirectamente, al mantenimiento del régimen de ocupación y apartheid en Palestina y a los crímenes contra la humanidad que está cometiendo Israel en Gaza.

El Gobierno español ha perdido toda la credibilidad en sus declaraciones sobre los contratos adjudicados a empresas israelíes o a filiales de empresas israelíes. Cualquier afirmación que haga el Gobierno solo será convincente si aporta documentos que la soportan y si, finalmente, se concreta en hechos. También hay que destacar que todavía no se ha cancelado el contrato adjudicado a IMI Systems. Si se siguen los trámites jurídicos necesarios, aún tendrán que pasar algunos meses antes de que la revocación del contrato sea una realidad.

De nuevo, el Ejecutivo está actuando como si pudiera adoptar las decisiones que quisiera libremente. Según el artículo 1 de la Constitución española, estamos en un Estado de Derecho, lo que significa, básicamente, que el poder político debe ejercerse por los cauces que establece el ordenamiento jurídico. Las leyes de contratación pública, de procedimiento administrativo y de expropiación forzosa establecen garantías que deben respetar los poderes públicos, Ministerios y Gobierno incluidos. Unas garantías que parece que le sobran al Gobierno al intentar apagar cuanto antes la crisis política en la que se encuentra.

Según la nota de La Moncloa del 24 de abril, la vía que se va a seguir para rescindir el contrato con IMI Systems es la siguiente: “la Junta de inversión de material de doble uso denegará a dicha empresa el permiso de importación de este material a nuestro país por razones de interés general y, acto seguido, el Ministerio del Interior rescindirá el contrato”.

Esta nota pone de manifiesto las prisas del Gobierno. No existe una “junta de inversión de material de doble uso” en la Administración pública española. El nombre correcto es “Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso”, más conocida como JIMDDU. La JIMDDU es el órgano administrativo que decide si se otorgan las autorizaciones de exportación de material de defensa y también las autorizaciones de importación.

El Gobierno ha adelantado ya que no se va a otorgar la autorización administrativa para la importación de la munición fabricada por IMI Systems. Esta es una decisión que le corresponde adoptar a la JIMDDU. Los criterios legales establecidos para otorgar las autorizaciones de importación dan bastante libertad a la JIMDDU para conceder las autorizaciones de material de defensa. Que sepamos, hasta ahora no han denegado ninguna y no existen precedentes de denegación de autorizaciones de exportación de material de defensa israelí.

Sin embargo, el Gobierno ya sabe de antemano qué decisión va a adoptar la JIMDDU en este caso, sin necesidad de que este órgano interministerial se reúna previamente. La nota de prensa de La Moncloa pone de manifiesto que la JIMDDU es un órgano político que toma sus decisiones con base en los criterios políticos que le impone el Gobierno.

Esta es una cuestión muy relevante. Permite explicar, al menos en parte, por qué la JIMDDU no ha revocado ni suspendido ninguna de las autorizaciones de exportación de material de defensa con destino a Israel que siguen vigentes. Porque ha seguido, a pies juntillas, los criterios políticos que le ha dictado el Gobierno. Eso es lo que explica que la JIMDDU haya actuado como si no existiera el Tratado sobre el Comercio de Armas, cuyo artículo 6.3 prohíbe otorgar autorizaciones de exportación de armamento a países implicados en genocidio, crímenes de lesa humanidad, ataques contra la población civil y otros crímenes de guerra. Y cuya aplicación exigiría revocar o, al menos, suspender las autorizaciones de exportación de material de defensa a Israel.

El Ministerio del Interior también afirmó, en una nota del 29 de octubre de 2024, que había excluido a otras empresas israelíes de contratos licitados por la Guardia Civil. Esto es algo que no se puede hacer según nuestro ordenamiento jurídico. Solo se puede excluir a una empresa de un procedimiento de licitación de un contrato administrativo si la empresa incurre en una prohibición de contratar. Ni la Ley 24/2011 de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la seguridad, ni la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establecen prohibiciones de contratar que puedan aplicarse a las empresas israelíes por los crímenes de genocidio y de lesa humanidad que está cometiendo Israel en Gaza.

De hecho, después de octubre de 2024, la Guardia Civil ha seguido adjudicando contratos de material de defensa a Guardian Homeland Security, empresa constituida en España con capital israelí y que representa a la industria israelí de defensa. En noviembre de 2024, se le adjudicó un contrato para la adquisición de placas balísticas para prendas de vestir de protección antibalas por valor de 206.610 euros (número de expediente 2024/ETSAE0906/00001385E). Y en febrero de 2025, se le otorgó un contrato con el mismo objeto por valor de 182.400 euros (número de expediente X240177GAGAE). Las placas balísticas tienen la consideración de material de defensa según el Real Decreto 679/2014 (Anexo I.1, categoría ML13.d.2).

El Gobierno español no ha querido imponer un embargo de armas a Israel. Mantiene que ha adoptado medidas que implican un embargo de hecho. Esta es otra de las medias verdades que pregona. El Gobierno podría haber acordado un embargo integral de armas que incluyera las exportaciones, las importaciones, la prohibición de la financiación a la industria israelí o la prohibición de contratar con empresas armamentistas israelíes o sus filiales, entre otras medidas. Este embargo integral hubiera impedido que se adjudicaran contratos a empresas de defensa israelíes y lo impediría para futuros contratos.

Si el Gobierno tuviera voluntad política, podría adoptar un decreto ley de embargo integral en el Consejo de Ministros del próximo martes y que fuera efectivo el próximo miércoles tras publicarlo en el BOE.

Desde el 7 de octubre de 2023, el Gobierno español ha adoptado medidas fundamentalmente simbólicas, como el reconocimiento del Estado de Palestina. Pero ha hecho más bien poco en la realidad para intentar dificultar los crímenes contra la humanidad que está cometiendo Israel en Gaza. Ha contribuido al mantenimiento de la industria de defensa israelí con más de 1.000 millones de euros en adquisiciones y ha preferido mirar para otro lado cuando buques o aeronaves cargados de armamento procedente de Estados Unidos, cuyo destino final era Israel, han hecho escala en puertos y aeropuertos españoles, e incluso en la Base de Rota. Y todo ello ocultándoselo a la opinión pública española, con bulos y medias verdades, sin importarle el déficit democrático que ello implica.

En España, hacia dentro, la guerra de Gaza no es tan temible como el sufrimiento que padece la población palestina. Pero, como afirmaba Manuel Sacristán, es “más corruptora”.