El presidente Donald Trump ha firmado este miércoles una orden ejecutiva que considera como su “arma secreta” contra las universidades en la guerra cultural que libra. Trump ha aprobado un decreto que apunta directamente al proceso para acreditar los centros universitarios del país y que podría servir para atacar las fuentes de ingresos indirectos de aquellos centros díscolos con el gobierno federal.

La orden tiene como principal objetivo utilizar el sistema de acreditación universitario para combatir aquellas prácticas e “ideologías” en las universidades que la administración Trump considera “discriminatorias”. Desde hace tiempo, los republicanos han tachado las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (conocidas como DEI en inglés) como “antimeritocráticas”.

“Muchas de estas entidades acreditadoras externas se han basado en ideologías 'woke' para acreditar universidades, en lugar de hacerlo en función del mérito y el rendimiento. Esta orden ejecutiva refleja cambios en el proceso de acreditación universitaria y también se aplica a las facultades de derecho y otros programas de posgrado”, ha anunciado el secretario de gabinete, Will Scharf , cuando ha leído el decreto a Trump para que lo firmara. En el documento, titulado “Reformar la acreditación para fortalecer la educación superior”, el presidente acusa a estas entidades acreditadoras de haber “fallado en su responsabilidad” y haber “abusado de su enorme autoridad”.

Según el texto, han “abusado” de su poder al convertir la aplicación de políticas DEI “en un criterio formal de acreditación y, por tanto, en una condición para acceder a ayudas federales”. Es por ello que, dentro de la legalidad, Trump pide a su secretaria de Educación, Linda McMahon, que haga rendir cuentas “incluso mediante la denegación, supervisión, suspensión o revocación del reconocimiento de acreditación” a esas entidades que, entre otras cosas, han convertido las políticas de diversidad en un criterio para conceder las acreditaciones a los centros universitarios.

El Departamento de Educación, juntamente con el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (CHEA, por sus siglas en inglés), es el que da autoridad a organizaciones externas para que acrediten que los centros universitarios cumplen con una serie de estándares de calidad. Cuando los alumnos deben elegir centro, la acreditación que posee la universidad es muy importante por dos motivos: porque da acceso a los estudiantes a los préstamos federales universitarios (que acostumbran a tener mejores condiciones que los privados) y porque influye en la credibilidad del título a la hora de buscar trabajo.

Con esta interferencia en el proceso de acreditación, Trump quiere obligar a las universidades a que renuncien a sus políticas de diversidad si no quieren perder miles de millones de dólares en préstamos universitarios y becas Pell, los cuales representan una importante fuente de ingresos indirectos para muchos centros. Como ya explicaba la profesora de la Universidad de Columbia, el centro no solo ha recibido daño económico por parte del gobierno Trump con la congelación de subvenciones, sino también con la campaña de miedo que ha hecho que menos estudiantes internacionales se apuntaran este año al centro. Lo que se traduce en una pérdida de ingresos económicos indirectos.

El nuevo movimiento representa una manera de aumentar la presión contra aquellas universidades que no se alinean con la agenda ideológica del presidente y justo llega después de que Harvard demandara al gobierno por su coacción económica. El lunes, la universidad más rica del país interpuso una demanda contra la administración Trump por liderar un amplio ataque contra la universidad “para influenciar y controlar las decisiones académicas”.

Harvard ha sido la primera universidad en plantarse ante la cruzada del presidente estadounidense contra los centros de la Ivy League —las universidades de élite—, como Columbia, Brown y Princeton, contra los que ya ha arremetido acusándolos de “antisemitismo” con el fin de intentar influir en el currículum académico. En el caso de Harvard, tiene un endowment —que vendría a ser una especie de reserva— de más de 50.000 millones de dólares, lo que le da margen para resistir la embestida del gobierno Trump. Ante esta realidad, ahora la Casa Blanca busca otros flancos para debilitar los centros, como pueden ser los ingresos que perciben a través de sus estudiantes y las becas o préstamos que estos reciben.