“La justicia es una decisión netamente política de los países que componen el Estatuto de Roma”, denunciaba este miércoles el juez Baltasar Garzón durante el debate ‘La esperanza de Justicia en el mundo’, en el que también participó la periodista Olga Rodríguez.

Durante su intervención, Garzón denunció la inacción política de los gobiernos que forman parte de la Corte Penal Internacional (CPI), entre ellos el de España. “No he visto una movilización por parte de los gobiernos más allá de las declaraciones”, afirmó, lamentando la falta de credibilidad en el sistema judicial internacional como motor de transformación. “Hay miedo. Y el miedo anula la esperanza y la vida”, repitió en diversas ocasiones citando al filósofo coreano-alemán Byung-Chul Han.

Por su parte, Rodríguez evidenció “el sentir y la preocupación colectiva al ver cómo se extiende la impunidad”. Parafraseando a una de las voces más reconocidas del activismo internacional, Angela Davis, la periodista reivindicó: “Estamos en tiempos en los que hay que defender la esperanza como disciplina. Y en ese argumentario, hay una obligación en sí misma. No desde la impunidad, sino desde la necesidad absoluta”.

Si bien ambos ponentes reconocen que el derecho internacional ha dado pasos importantes —como la orden de arresto contra dos mandatarios israelíes por parte de la Corte Penal Internacional (CPI), la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, o el dictamen emitido por el mismo tribunal el pasado julio que recordaba a los Estados miembros que es ilegal dar apoyo o asistencia a la ocupación de Israel en territorios palestinos—, a día de hoy, las masacres continúan.

La semana pasada, Viktor Orbán retiró a Hungría de la Corte Penal Internacional tras recibir a Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí buscado por la CPI por crímenes de guerra. Pero su caso no es una excepción: varios países de la UE, entre ellos Alemania y Francia han puesto en cuestión la orden de la CPI.

“Hay mucho cinismo”, recordó Rodríguez. “Sectores que operan con hipocresía y que han pasado de ahí al cinismo. Si no hay justicia, ¿qué es lo que tenemos? La extensión del espacio para la impunidad, y eso es la ley del más fuerte y del que está dispuesto a utilizar la fuerza bruta”. Rodriguez recordó que, Friedrich Merz, el nuevo canciller alemán, invitó a Netanyahu a una visita oficial, según informó la oficina del primer minisro de Israel.

Autoproclamado como un pesimista positivo y sin ninguna intención de querer quedarse callado a sus 69 años, para Garzón la situación es muy clara: “Hay actores que actúan y otros que impiden actuar. Y hasta que no conectemos estos dos ámbitos y nos creamos que la justicia internacional da esperanza, no vamos a avanzar”. Defender la justicia universal “no es cuestión de ser de extrema izquierda o no. Tenemos casi todos los instrumentos, pero solamente hay que creer. Es una cuestión de voluntad”.

Cuestionando la narrativa oficial israelí sobre Gaza, Garzón desmintió la idea de que todo lo que se encuentra en la Franja es Hamás. “Es un poco sui géneris y, desde luego, falsa”. Según el juez, no hay duda de que Israel está cometiendo un exterminio: “En Gaza se han desbordado todos los límites desde hace mucho tiempo. Y se ha hecho a ciencia y conciencia”.

Pero el juez quiso poner el foco en quienes, desde fuera, sostienen ese horror: “¿Quién está financiando todo esto? Todos aquellos que están suministrando armas para las acciones que se están desarrollando en Gaza. No son armas para proteger a la población. Y eso tiene financiación, tiene empresas detrás. En definitiva, eso también interpela directamente a la CPI”.

En ese sentido, el experto se pregunta por qué el fiscal general de la Corte no ha abierto todavía un procedimiento contra los empresarios —no solo estadounidenses, sino también de países miembros del Estatuto de Roma— que se benefician del negocio armamentístico vinculado al conflicto. “Los jueces son servidores públicos que representan a todos los ciudadanos de la comunidad internacional, y en ese sentido, el fiscal general debe asumir la presión propia de su cargo”, afirmó. “Las preguntas deberían hacerse a los presidentes, como a Pedro Sánchez. Hay acuerdos en casi todos los temas, pero a la hora de la justicia, todo el mundo guarda silencio y desaparece”.

Aunque reconoció las dificultades a las que se enfrentan los fiscales, Garzón recordó que disponen de herramientas suficientes para actuar: “Tienen a su disposición a toda la Policía y la Guardia Civil de España, porque España es un Estado miembro y ha ratificado el Estatuto de Roma. Como también lo es Francia, Portugal y los 127 países que han ratificado el estatuto. Pero otra cosa es que se quiera hacer. O nos creemos la justicia penal internacional o lo dejamos. Porque estamos dando falsas esperanzas a las víctimas”, concluyó.

El principio de jurisdicción universal permite a un Estado o tribunal ejercer su autoridad legal sobre crímenes cometidos fuera de su territorio, independientemente de la nacionalidad de las víctimas o los perpetradores, cuando se trata de delitos especialmente graves como los crímenes de guerra, de lesa humanidad o el genocidio. Sin embargo, no todos los países reconocen o aplican este principio de la misma forma.

En el caso español, la aplicación de la justicia universal fue pionera y ejemplar durante años. Uno de los hitos más recordados fue en 1998, cuando el mismo Baltasar Garzón ordenó la detención del dictador chileno Augusto Pinochet en Londres, marcando un antes y un después en la lucha contra la impunidad a nivel internacional.

Sin embargo, con el paso del tiempo, España ha ido restringiendo progresivamente el alcance de este principio. En 2009, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, se aprobó una primera reforma con el apoyo de PSOE, PP, CiU y PNV. Desde entonces, la Audiencia Nacional solo puede investigar crímenes cometidos en el extranjero si el acusado se encuentra en España, alguna víctima es de nacionalidad española o existe un vínculo claro con el país. Cinco años después, en 2014, el gobierno del PP impulsó una segunda reforma aún más restrictiva, estableciendo requisitos más estrictos y limitando el margen de actuación judicial.

A día de hoy, las Naciones Unidas no han logrado llegar a ningún consenso a la hora de definir qué es la jurisdicción universal. Pero “su grandeza”, señalaba Garzón, “es que es un principio que se va generando y, por mucho que en algunos países se restrinja, se abren otras puertas”. Ejemplo de ello fue la querella argentina contra los crímenes del franquismo –que nunca se han investigado en España– en 2010 que sigue abierta y se sigue investigando, explicaba el magistrado como ejemplo para hacer entender que la puerta de la justicia universal no se va a cerrar pese a que los gobiernos de cada país impongan muchos condicionantes.

Acciones políticas como la aprobación de la Ley de Memoria Democrática en 2022 han fortalecido la aplicación de la justicia universal en España, al facilitar la investigación y el enjuiciamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos durante el franquismo. Un ejemplo reciente es la decisión de la Fiscalía de abrir una investigación sobre las torturas sufridas por Blanca Serra, detenida por la brigada político-social en la comisaría de Vía Laietana. Otro caso destacado es la querella presentada este martes en Paterna, que se suma a las más de 115 interpuestas en todo el Estado para exigir la investigación judicial de crímenes del franquismo que, hasta hoy, siguen impunes.

Pero ante los avances que se puedan dar, para el experto, lo que sucede en España es que la justicia española “no sigue la ley de 2022 que dice que tienen que ir a las fosas y que tienen que haber procedimientos”. Y, para cambiarlo, “los jueces tienen que tener las ganas y la convicción de hacerlo”, concluyó finalmente.

“Ante ello, qué tenemos que hacer: convencer a los políticos, al Parlamento y a los grupos políticos de que tienen que modificar la ley de jurisdicción universal, la ley de 2014 hay que reformarla”, concluyó.