El Parlamento israelí aprueba una polémica ley que limita el poder del Tribunal Supremo

El Parlamento israelí (Knéset) ha aprobado este martes de madrugada, por 64 votos a favor y 56 en contra, un proyecto de ley que anula la "doctrina de la razonabilidad", que permite al Tribunal Supremo revocar decisiones del Ejecutivo en base a si las considera razonables o no, quitando así al poder Judicial una herramienta para supervisar la actuación del Gobierno.

La ley es uno de los elementos fundamentales de la polémica reforma judicial que impulsa el Gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu y que, según los más críticos, busca socavar la independencia de la Justicia y la separación de poderes, y representa una "amenaza" para la democracia israelí.

Por ello, los grupos sociales y ciudadanos que se han opuesto a la reforma y, más específicamente, a este proyecto de ley, han convocado este martes una nueva jornada de grandes movilizaciones, en la que han intentado cortar la autopista Ayalon de Tel Aviv y otras carreteras, y manifestarse en el aeropuerto internacional Ben Gurion, donde la Policía ha permitido las protestas sólo en una de las terminales. Un total de 58 personas han sido detenidas en todo el país, desde primera hora del martes, según el diario israelí Haaretz.

Por la tarde, están previstas grandes manifestaciones en la Embajada de Estados Unidos en Tel Aviv y frente a la residencia del primer ministro en Jerusalén, para acabar con una gran concentración nocturna en la avenida Kaplan, en el centro de Tel Aviv.

Anoche, cientos de manifestantes protestaron a las puertas de la Knéset, en Jerusalén, y algunos incluso se colaron dentro del edificio, donde tuvo lugar una agitada sesión plenaria, que se alargó hasta después de la medianoche, y en la que se aprobó en primera lectura el proyecto de ley promovido por el Gobierno de Netanyahu (que cuenta con mayoría en el hemiciclo).

El Ejecutivo y sus seguidores justifica la ley argumentando que los jueces del Supremo se han inmiscuido en las decisiones políticas, como cuando a principios de año anularon el nombramiento como ministro del líder ultraortodoxo Aryeh Deri, precisamente utilizando la doctrina de la razonabilidad. Deri había sido inhabilitado, tras acogerse a un acuerdo de culpabilidad para eludir la cárcel por una condena por corrupción.

Aunque algunos juristas defienden que la actual doctrina de la razonabilidad es excesiva porque da los jueces inmunidad total para el escrutinio político; su anulación completa "abre la puerta a la completa arbitrariedad en la toma de decisiones", tal y como ha alertado la fiscal general Gali Baharav-Miara, una de las mayores críticas de la reforma judicial, en declaraciones recogidas por la Agencia EFE.

Por su parte, la oposición se ha mostrado partidaria de limitar la razonabilidad para que los jueces no puedan revisar las leyes básicas, que constituyen el marco legal fundamental para Israel, pero el Gobierno no se ha mostrado dispuesto a ceder y ha seguido adelante con la tramitación del proyecto de ley y de toda su reforma judicial.

El líder de la oposición, Yair Lapid, ha acusado a la mayoría que gobierna el país de eliminar la razonabilidad para perseguir "objetivos corruptos y egoístas". "Esta es una ley que le permite nombrar a un delincuente condenado como ministro", afirmó, en referencia a Deri, que fue destituido el pasado enero de su cargo al frente de Interior y Sanidad.

Mientras, Histadrut, federación de sindicatos de Israel, ha hecho hoy un llamamiento al primer ministro: "Detenga el loco caos en la sociedad israelí lo antes posible. La pelota está en tu tejado. Cuando la situación llegue a un extremo y se hayan tomado todos los demás caminos, intervendremos y usaremos nuestro poder", ha dicho en rueda de prensa el jefe de Histadrut, Arnon Bar-David.

La poderosa federación convocó el pasado marzo una huelga general, después de la cual el Gobierno suspendió temporalmente la tramitación de la reforma. Netanyahu se vio forzado a abrir un diálogo con la oposición, que, sin embargo, se rompió en junio, cuando el Gobierno expresó su intención de avanzar unilateralmente con el plan de reforma judicial.

Anoche, horas antes de la votación, el presidente de Israel, Isaac Herzog, instó a las partes a volver a la mesa de negociación porque "un acuerdo es posible". Herzog ha advertido reiteradamente de los riesgos que conlleva la reforma, que ya ha polarizado a la sociedad israelí.

Los líderes de las protestas (en las que vienen participando distintos colectivos, desde los universitarios hasta reservistas del Ejército e, incluso, judíos ultraortodoxos) han llamado a los ciudadanos a "reunirse y salvaguardar la democracia israelí", en un comunicado emitido la mañana del martes, según la Agencia EFE.

"El espectáculo de terror de anoche en la Knéset sirvió como un claro recordatorio del momento crítico en el que nos encontramos. Frente a una coalición dictatorial, sólo el pueblo puede rescatar a Israel", han afirmado.

De cara a este martes, la empresa israelí BIG, una cadena de centros comerciales, ha anunciado el cierre de todos sus establecimientos en señal de protesta y decenas de firmas del sector de la alta tecnología han dado ese día libre a sus trabajadores para que puedan acudir a las manifestaciones y otros actos, que ya han dado comienzo a primera hora en esta "jornada de resistencia".