En una carta dirigida al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó este jueves su posición en contra del aumento del gasto en defensa al 5% del PIB (Producto interior bruto) que la organización quiere consensuar en la cumbre anual de los países miembros, que se celebra en la Haya la próxima semana.

Según señala Pedro Sánchez en su misiva, el objetivo de alcanzar el 5% en 2032, desde el 2% comprometido para este año, es “contraproducente” e incompatible con el mantenimiento del estado de bienestar. Distintas proyecciones, como la realizada recientemente por el Banco de España, apuntan a que por cada euro de incremento del gasto en defensa, el PIB de nuestro país solo aumentaría 50 céntimos, con riesgo de un avance de la inflación por la necesidad de importar armas y otros materiales, y con impacto en el déficit presupuestario —el desequilibrio entre los ingresos y los gastos del Estado, que se financia con deuda—. Un escenario en el que el único ganador claro será la industria de defensa, y en concreto la de Estados Unidos.

“Exigirá una corrección fiscal [de las cuentas públicas] más estricta en el futuro [recortes o aumentos de impuestos, en un lenguaje más llano] y reducirá el margen para otras prioridades económicas y sociales”, advirtió a finales de marzo la AIReF (Autoridad independiente de responsabilidad fiscal), en el informe que contiene su opinión sobre la sostenibilidad de las Administraciones públicas a largo plazo. Según las cifras recogidas en este documento, el mayor gasto público de nuestro país es y será el de las pensiones, que se acerca actualmente al 13% del PIB, mientras que la sanidad se queda en el 6,6%, la educación en el 4,2%, el desempleo en el 1,5%, los cuidados de larga duración (el gasto en dependencia) en el 0,8% y el pago de la factura de intereses de la deuda pública en el 2,4% del PIB.

El envejecimiento de la población en España y en casi toda la Unión Europea (UE) apoya que los ejercicios de previsiones indiquen que las partidas de gasto público en pensiones, sanidad y dependencia crecerán en los próximos años, mientras que las relacionadas con la educación y el paro bajarán, con un peso de la deuda que permanecerá en los niveles actuales o incluso ganará importancia, incluso si los gobiernos consiguen controlar los desequilibrios presupuestarios. Un contexto que apenas dejaría espacio para un gran incremento de una partida de gasto como la defensa sin dañar las prioridades del estado de bienestar.

Hasta el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha advertido esta misma semana que “los Estados miembros [de la UE] y la Comisión Europea deberían evaluar el impacto del incremento de la partida de defensa en la sostenibilidad de la deuda”. Según recuerda la AIReF, “para mitigar este impacto en el corto plazo, la Comisión propone activar la cláusula de escape nacional que introdujo el nuevo marco fiscal de la UE, permitiendo acomodar este aumento del gasto sin comprometer el cumplimiento del primer Plan Fiscal y Estructural de medio”.

No obstante, “en términos acumulados, el ajuste total [recortes o subidas de impuestos] en el periodo 2025-2040 pasaría de 3,16 puntos del PIB [menos de 50.000 millones] en el escenario inicial, a 3,68, 4,24 y 4,76 puntos del PIB [hasta los 80.000 millones de euros] en un ejercicio teórico en el que se supone un incremento en el gasto en defensa de 0,5, 1 y 1,5 puntos del PIB, respectivamente”, finaliza la Autoridad fiscal.

Sin “margen fiscal” para incrementar el gasto en defensa, pasa a ser clave el multiplicador de esta partida. Es decir, cuánta actividad económica (PIB) es capaz de generar cada euro de aumento. Más PIB significa también más inversión, más empleo y, en definitiva, más recaudación de impuestos (más ingresos públicos). El multiplicador que ha calculado el Banco de España “a medio plazo” es de 0,5 veces. Por cada euro de incremento, 50 céntimos de PIB.

Por ejemplo, para este 2025, el equipo de economistas de la institución ha proyectado que el aumento del gasto en defensa anunciado sumará una décima al crecimiento del PIB, que se estima superior al 2% en este ejercicio, pero que elevará dos décimas el déficit, que se quedará algo por debajo del 3% del PIB. Este impacto en el desequilibrio presupuestario se repetiría en 2026 y 2027, según el Banco de España. Hay que destacar que los compromisos del Gobierno son inciertos por su debilidad parlamentaria, que le impide aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Además, los expertos del regulador explican que “la naturaleza del gasto en defensa implica un desfase temporal entre la realización de los contratos y su registro en Contabilidad Nacional”. Según continúan, “el gasto en defensa se concentra principalmente en las industrias manufactureras de maquinaria y transporte”. Por último, consideran que “un aumento de las contrataciones de defensa conllevaría un aumento del nivel de precios industriales, especialmente en los bienes de equipo”.

“Forzar la adquisición [importaciones desde otros países, principalmente Estados Unidos] de material, munición y sistemas de armas, tendrá un efecto inflacionario con marcada subida de precios que, aun con más gasto, impedirán un incremento de capacidades como realmente se pretende”, lamentan fuentes conocedoras del sector. “La capacidad de contratación y gestión de la adquisición de nuevas capacidades también está al límite, y aumentarla requiere tiempo. La industria de defensa no está dimensionada para producir las capacidades que se pueden requerir de manera rápida”, prosiguen.

Estas mismas fuentes añaden que “el incremento del gasto en defensa de forma excesiva con prontitud no es posible por distintas razones”. Una es que “la actual capacidad de reclutamiento limita la posibilidad de dotar de personal adecuado a nuevas capacidades que se adquieran con rapidez”. Otra es “la dificultad de formación del nuevo personal, que requerirá del incremento de la capacidad de centros de formación que requiere un cierto periodo de tiempo”.

“El impacto sobre la actividad en el medio plazo puede ser mayor si el gasto se concentra en I+D+i, sectores con mayor capacidad de arrastre y en bienes y servicios producidos domésticamente”, finaliza el Banco de España.

La propuesta de la OTAN de alcanzar un 5% de gasto en defensa en 2032 se divide en dos bloques. El primero, un 3,5% en partidas específicas de defensa, para la que propone mantener la actual definición OTAN de gastos de defensa, incrementando anualmente un 0,2% (3.000 millones aproximadamente) el gasto desde el 2% que debe alcanzarse este año. El segundo, un 1,5% adicional en gastos relacionados con la defensa, pendiente de definir, en la que podrían considerarse inversiones en infraestructuras, capacidades para contrarrestar amenazas híbridas, preparación de resiliencia civil y promoción de la industria de defensa.

La postura de España, remarcada en la carta de Pedro Sánchez de este jueves, es incidir en este segundo bloque, y conseguir que el objetivo de gasto sea “flexible”. Según el presidente del Gobierno, “la fórmula que propongo nos permitiría preservar el objetivo del 5% en la declaración para aquellos aliados que lo necesiten o que quieran perseguirlo”. Fuentes del Ejecutivo resaltan que, “además, del porcentaje del gasto en defensa respecto del PIB es necesario medir y considerar los compromisos de fuerzas en operaciones y misiones, y la inversión en nuevas capacidades”.

La exigencia de un mayor gasto en defensa que Estados Unidos ha planteado a sus aliados a través de la OTAN es uno de los frentes de la guerra comercial global escalada por la Administración de Donald Trump. El planteamiento de la potencia norteamericana, concebido por el presidente del Consejo de Asesores Económicos (CEA, por sus siglas en inglés) de la Casa Blanca, Steve Miran, es que Estados Unidos provee “bienes públicos globales” al resto del mundo, como la seguridad o como activos refugios como el dólar y los bonos de su deuda pública, y que el país debe ser justamente recompensado por ello.

En otras palabras, el principal asesor económico de Donald Trump defiende que Estados Unidos “ha creado la mayor era de paz jamás conocida por la humanidad” y destaca que “ha hecho posible el sistema comercial y financiero global que ha respaldado la mayor era de prosperidad jamás conocida por la humanidad”. Con esta rotundidad, y si no se cuestionan las afirmaciones sobre “la paz” y “la prosperidad”, cualquiera podría entender que la primera potencia mundial merece cobrarse tales esfuerzos. “Ambos son costosos de proporcionar”, añade Steve Miran, quien, antes de ser puesto al frente del CEA por el nuevo presidente de Estados Unidos, se dedicaba a gestionar fondos de inversión. Es decir, a especular en los mercados financieros.

“En defensa, nuestros hombres y mujeres en uniforme asumen riesgos heroicos para hacer de nuestra nación y del mundo un lugar más seguro, preservando nuestras libertades generación tras generación. Y gravamos con impuestos exorbitantes a los estadounidenses trabajadores para financiar la seguridad global”, resalta. Sobre este argumentario y la exigencia de “un reparto de cargas”, se asienta la imposición de aranceles al resto del mundo y la petición de más gasto en defensa. En definitiva, para adquirir equipamiento militar de Estados Unidos, y fortalecer su industria, en un clima de escalada militar y tensiones geopolíticas en Ucrania, Oriente Medio o el Canal de Suez.