La reducción de la jornada máxima legal a 37,5 horas es una realidad cada vez más cercana. En febrero de este año, el gobierno aprobó el anteproyecto de Ley que fijaba los mecanismos para caminar en esta dirección, pero todavía queda pendiente la tramitación parlamentaria de esta norma.

Otro ámbito en donde la reducción de la jornada tiene una influencia decisiva es en la política económica. Hasta la fecha, muchos economistas se han inclinado por pensar que la lógica dictaría que la reducción en la jornada de trabajo debería ir precedida de un incremento en la productividad. Así, se ha argumentado que las sociedades que son más productivas dedican “voluntariamente” menos horas al trabajo. La secuencia a largo plazo parece acompañar esta lógica, pero también omite que frecuentemente la reducción de la jornada legal se ha producido en base a cambios legales repentinos, como en 1919, en 1976 o en 1983. En todo caso, si se quiere analizar la productividad seriamente también se debe reconocer la dificultad para establecer una tendencia clara en épocas recientes. Cualquier diagnóstico se ve influido no solo por el marco legal vigente, sino por la posibilidad de medir el tiempo efectivamente trabajado por los asalariados. Las horas pactadas (o la jornada máxima anual, legal o recogida en un convenio) y las horas efectivas se diferencian porque los trabajadores pueden estar empleados y no trabajando. Así, aunque un trabajador tenga un contrato de 40 horas semanales, no trabaja todas esas horas ni con la misma frecuencia todo el año. Las horas de trabajo se reparten de manera desigual a lo largo del año, no solo por la existencia de períodos de vacaciones y días festivos, sino también porque hay horas que se pagan y no se trabajan por motivos como las bajas por enfermedad, los permisos por cuidado de hijos o los ERTE.

La Encuesta de Población Activa (EPA), que es una fuente de referencia de todos los analistas y de los agentes sociales, ofrece una curiosa divergencia. Como se muestra en el gráfico, las horas habituales (que conceptualmente se aproximan a las horas pactadas) de los asalariados a tiempo completo han descendido muy ligeramente, pasando de 40 horas a la semana en 2017 a 39,2 horas en 2024. Por el contrario, la jornada efectiva ha experimentado un descenso mucho más pronunciado, pasando de un umbral en torno a las 35,5 horas antes de la pandemia, a posicionarse en 33 horas a la semana en la actualidad. El descenso tan pronunciado en la jornada efectiva en 2020 o incluso en 2021 no resulta un hecho especialmente extraño, pues las restricciones a la actividad económica y los ERTE propiciaron en aquel momento que muchas personas trabajaran muchas menos horas. El hecho sorprendente es que una vez la economía española se recuperó de la pandemia, la jornada media efectiva no haya vuelto a los niveles previos. En este contexto, no han faltado quienes han argumentado que estas cifras corroboran una subida vertiginosa del absentismo laboral, entendiendo este absentismo como un concepto genérico que no diferencia entre los motivos que explican las ausencias del puesto de trabajo. Tampoco han faltado quienes han argumentado que el débil crecimiento en las horas trabajadas apunta a una aparente debilidad del mercado de trabajo: se crean muchos empleos, pero la gente trabaja menos. Todo ello explicaría que la productividad por trabajador no haya recuperado los niveles previos a la pandemia. Reducir la jornada legal supondría, siguiendo esta lógica, una temeridad.

Durante los últimos años, Francisco Melis y yo hemos argumentado que había razones para dudar de este diagnóstico. La razón principal que esgrimimos apunta a la infraestimación del PIB y por extensión de la productividad. Pero también hemos señalado que la reducción en la jornada efectiva que apunta la EPA no se ve corroborada por los resultados de otra encuesta dirigida a las empresas, la Encuesta Trimestral del Coste Laboral (ETCL). En este artículo aportaré un argumento adicional igual de importante: los resultados de la EPA antes y después de la pandemia no se pueden comparar. La EPA cambió en 2021 su cuestionario y esta modificación afecta directamente a sus resultados y provoca que el grueso de la caída, tal como se evidenciaba en el gráfico anterior, sea un puro efecto estadístico.

Este asunto tiene una cierta complejidad y requiere ser explicado en detalle. La EPA es una encuesta que, sobre la base de preguntar a una amplia muestra de hogares, busca retratar el complejo mercado laboral que se vertebra en nuestro país. Para elaborar la EPA, el INE conduce las entrevistas siguiendo un modelo único de preguntas que es, además, común a todos los países de la Unión Europea. La formulación de estas preguntas es decisiva, pues pequeñas modificaciones pueden hacer que las personas respondan de forma distinta y, por extensión, afectar a nuestra percepción sobre cuestiones básicas como el nivel de empleo o la tasa de paro. Pues bien, en 2021, en todos los países de la Unión Europea se cambió el cuestionario de la EPA y uno de los cambios decisivos se refería a las preguntas dirigidas a medir la jornada efectiva de trabajo.

De 2005 a 2020 la EPA preguntaba a las personas por su jornada de trabajo a través de sucesivas preguntas. Primero, se preguntaba por la jornada habitual de todos los trabajadores, es decir, las que se dedican en una semana típica. En segundo lugar, se preguntaba si las personas con un empleo se habían ausentado por diversos motivos (vacaciones, enfermedad, ERTE, etc.) y no habían trabajado en ningún momento de la semana. Por último, se pedía a los trabajadores que detallaran el tiempo efectivo en esa misma semana, incluyendo en dicho cómputo las horas extraordinarias. A partir de 2021 la secuencia de preguntas se modifica en varios puntos decisivos. La EPA mantiene las mismas preguntas sobre la relación con el empleo, la jornada habitual y la ausencia en una semana completa del puesto de trabajo. Sin embargo, la novedad estriba en que se pregunta de forma específica a todas las personas si estuvieron ausentes, aunque solo fuese por unas horas, por vacaciones, por enfermedad o por otros motivos. En esencia, la introducción de estas preguntas adicionales busca hacer conscientes a los entrevistados que pudieron estar ausentes durante un día porque estuvieron enfermos o porque había un festivo local. Sin esta pregunta específica, es muy probable que estas mismas personas hubieran considerado que en esa semana trabajaron el tiempo asociado a la jornada típica.

Como botón de muestra de este cambio, el siguiente gráfico refleja el porcentaje de asalariados que, aun habiendo trabajado en la semana, lo hicieron menos de lo habitual por estar de vacaciones o por enfermedad. Como se observa, estos representaban en torno al 7% de personas asalariadas hasta 2020, pero a partir de 2021 y con el nuevo cuestionario, este porcentaje incrementa de forma repentina hasta alcanzar 12 o 13% del total. Un incremento en cinco puntos en el nivel de trabajadores en ausencia parcial puede parecer un hecho secundario, pero en la práctica explica un 40% de la reducción en la jornada efectiva de acuerdo con los datos de la EPA. El resto se explica por el incremento paralelo de los asalariados en ausencia completa.

Este cambio metodológico no es una mala noticia, al contrario, es una mejora sustancial que aporta una perspectiva más nítida sobre el tiempo de trabajo. La razón estriba en que con la vieja metodología se sobreestimaba la jornada efectiva de los trabajadores, mientras que ahora se aproxima a un nivel más real. Este hecho se corrobora en el siguiente gráfico, que refleja la jornada media efectiva de los asalariados a tiempo completo en la EPA y en la Estadística Estructural de Empresas (EEE). Además, se ha añadido el umbral máximo de la jornada efectiva según el Estatuto de los Trabajadores (40 horas a la semana equivalen a 1826 horas al año). Como se puede observar, antes de 2020 la EPA registraba una jornada media efectiva que se situaba por encima del máximo legal. En cambio, a partir de dicha fecha ha tendido a situarse en torno a 1780 horas al año, un nivel muy cercano al que proporciona la EEE y la ETCL. Los niveles antes de 2020 son difícil de creer, porque supondría que los trabajadores estaban disfrutando de menos vacaciones de las que tienen derecho según la ley.

Este cambio metodológico tiene varias conclusiones relevantes. La primera es que desmiente que existe una reducción significativa en el tiempo de trabajo tras la pandemia. Básicamente, trabajamos lo mismo que antes de la pandemia, solo que la EPA lo mide ahora con más precisión. En segundo lugar, que cualquier análisis sobre la productividad por hora trabajada y que se inspire principalmente en la EPA estará sesgado si no corrige por este cambio. Este es el caso, por ejemplo, de las series de la Contabilidad Nacional del INE, que estima un total de horas trabajadas que prácticamente calcan las tendencias de la EPA. Por ello la revisión de las cuentas nacionales vuelve a cobrar toda su vigencia. El gobierno, los analistas y el conjunto de la opinión pública jamás tendrán una visión adecuada sobre la productividad hasta que no se corrija este cambio y la infraestimación del crecimiento registrado en el PIB durante el año 2021.

Los resultados de este artículo constituyen una versión resumida del documento de trabajo “La EPA se va de vacaciones: el tiempo de trabajo tras la ruptura metodológica de 2021”